Los investigados por las cuentas de la EMU recurren el auto del juez y niegan delitos

Los responsables de la Empresa Municipal de Urbanismo (EMU) en 2015, cuando gobernaba el PSC, contra los que el titular del juzgado número 2 de Lleida ha ordenado continuar las diligencias al ver indicios de delito societario, falsificación de documentos y tráfico de influencias, han presentado un recurso de apelación en el que rebaten las acusaciones y piden el sobreseimiento de la causa. Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella presentada en 2018 por el entonces líder del grupo del PDeCAT y actual primer teniente de alcalde, Toni Postius. Algunos de los acusados son el actual jefe de la oposición, Fèlix Larrosa; la exconcejala y diputada Montse Mínguez; la portavoz de Cs, Ángeles Ribes; y el exedil del PP, Joan Vilella. Larrosa, Ribes y Vilella afimaron sentirse “absolutamente tranquilos” y recordaron que la Fiscalía pidió el archivo de la causa.

El recurso defiende que las discordancias entre las cuentas de 2014 y las cifras de ese año presentadas en el Registro en el 2015 responden a una “modificación significativa de los valores de estas existencias” y dice que este cambio “no comporta una falsedad sino una obligación contable”. “Se trata de un debe hacer estas correcciones, y por lo tanto la infracción legal no se produce por hacer estas correcciones, sino precisamente el no hacerlas”, subraya. Respecto a los 21,9 millones de las obras del cubrimiento de las vías del plan de la estación pendientes de repercusión que se trasladaron a la partida de “terrenos y solares urbanizados”, el recurso indica que “no se ha contabilizado dos veces las obras de urbanización pendientes de repercutir” y señala que los mismos saldos se mantuvieron en las cuentas “de los años posteriores y los auditores no han hecho observación negativa alguna”. Asimismo, ve una actuación totalmente incongruente” por parte de Postius y califica de “difícilmente sostenible” que la “la imagen incorrecta de la situación patrimonial de la empresa” pudiera haber facilitado que la Paeria firmara un crédito a la EMU con el visto bueno de la Generalitat. Además, recalca que “ninguno de los hechos describen conductas que puedan subsumirse al delito de tráfico de influencias”.

El recurso se centra en plantear la inexistencia de indicios penales sino solo cuestiones contables

Larrosa destaca que “las cuentas de la EMU de 2018 y 2019 se aprobaron con las mismas posiciones contables que en 2015, lo que es una clara evidencia de que ha habido voluntad de Postius de generar descrédito hacia los que gobernábamos”. Incidió en su “y confianza en que se acabará resolviendo en justicia porque no habla de indicios penales sino contables”. Recalcó, además, que “entre 2014 y 2020 han intervenido diferentes auditores y todos validaron el procedimiento”. Vilella dijo que “las cuentas se hicieron bien y estaban avaladas por el interventor y el secretario general”, y aconsejó a Postius “controlar a su ediles actuales porque están demostradas irregularidades contracturales”.