Exoneran a un campesino de la contratación irregular de un temporero

La Justicia ha dado la razón a un fructicultor a quien la administración había impuesto una multa de 10.000 euros por supuestas irregularidades en la contratación de temporeros, según informó ayer Afrucat.

La denuncia se dio el verano pasado cuando Inspección de Trabajo realizaba un control en una finca y un trabajador de origen senegalés huyó corriendo.

Al día siguiente el fructicultor y el trabajador se personaron ante Inspección y entonces se descubrió que el empleado había utilizado los papeles de un pariente para formalizar el contrato.

A pesar que el fructicultor desconocía este hecho y que el contrato era legal y el empresario estaba al día de las obligaciones fiscales y de la seguridad social, la Administración lo multó con 10.000 euros.

Asesorado por Afrucat, el campesino decidió alegar y después de varias denegaciones el juez social le dio finalmente la razón y condenó a la administración a devolver el dinero con intereses.

La sentencia determina que el campesino obró correctamente, con un contrato legal y con todas las obligaciones al día y lo cual, en ningún caso, se puede constatar mala fe o mala praxis por su parte.

Ante este hecho, Manel Simon, director de Afrucat, dijo que "recomendamos a nuestros fructicultors y a todos los agricultores que contraten personal que defiendan sus derechos si creen que han actuado de acuerdo a ley".