La Fiscalía pide 13.000 € de multa a los okupas de un bloque de Lleida

La Fiscalía de Lleida pidió ayer una multa de 1.050 euros para los 13 acusados por un delito de usurpación por okupar en marzo de 2019, con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), un bloque de viviendas vacío de Balàfia propiedad de la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Esta entidad fue la que llevó ayer a juicio a 7 de las 13 personas acusadas, de las cuales todas se negaron a declarar.

Estas personas estuvieron ocho meses viviendo en ese bloque hasta que en noviembre de 2019 fueron desalojados por los Mossos d’Esquadra por orden judicial. Ayer, el representante del conocido como “banco malo”no se presentó al juicio, por lo que solo fue el Ministerio Fiscal el que ejerció la acusación.

En un comunicado, la abogada de los acusados, Mercè Jordana, criticó que el juicio de se celebró “de forma anómala”, ya que se llevó a cabo “pese a no poder citar a 6 de los investigados, en estos casos normalmente se suspende el juicio”. Calificó de “surrealista que no solo el propio interesado no comparezca en el juicio [la Sareb], sino que la Fiscalía mantenga la acusación cuando el bloque fue desalojado en 2019”. Jordana añadió que la Sareb “no ha acreditado que fuera propietaria del inmueble y no ha aportado nada de documentación al respecto”.

En cuanto a la petición de pena de Fiscalía para los 13 acusados, de los cuales 12 son los que okuparon el bloque y la otra una activista de la PAH, la abogada detalló que solicita “una multa de 7 euros diarios durante cinco meses para cada uno de ellos”. Incluye a la activista de la PAH, que según la abogada ejerció de mediadora con los Mossos durante el desalojo del bloque y fue una “colaboradora necesaria” durante el desalojo.

A raíz del juicio, la PAH organizó una concentración de apoyo a los acusados. La portavoz de la entidad que está acusada, Cristina Rubio, calificó el juicio de “extraño e irregular”. Añadió que de las familias que fueron desalojadas “a cuatro les han dado un piso social, pero el resto viven como pueden en albergues”. Por otro lado, una portavoz de la PAH dijo que pese a la “persecución que sufren”, seguirán luchando para defender el derecho a la vivienda.