Los grupos la oposición piden al gobierno de la Diputación de Lleida medidas para evitar nuevos casos de contrataciones irregulares

El grupo d'En Comú Podem (ECP) en la Diputación de Lleida ha reclamado la dimisión de los diputados de JxCat que continúan en el gobierno con respecto al mandato pasado como forma de asunción de responsabilidades políticas después de que se conociera el informe de la Sindicatura de Cuentas que analiza la fiscalización de la institución correspondiente al ejercicio de 2017, y que puso de relieve irregularidades en la contratación administrativa. En una rueda de prensa conjunta con los grupos del PSC y C's, en la oposición en la corporación, han propuesto la creación de la Oficina de Supervisión de procesos para evitar nuevos casos como este. Los Comunes han encargado un informe y se reservan el derecho de emprender acciones legales.

La diputada y portavoz de ECP, Elena Ferre, ha reclamado al presidente de la corporación, Joan Talarn, que si no se producen las dimisiones sea él quien destituya a los cargos de la anterior administración para preservar la ética y la transparencia. 

Comunes, PSC y C's plantean que en el plazo de un mes se cree la Oficina de Supervisión de procesos, que incorpore el diseño de unos objetivos institucionales claros y que elabore una guía de evaluación de riesgos identificando las posibles áreas vulnerables. Esta oficina, tendría que implementar, según las tres fuerzas, controles de legalidad y controles de gestión, así como proporcionar asesoramiento y atender consultas de forma transparente. Los tres grupos de la oposición también reclaman una auditoría de servicios de contratación, la elaboración de un plan estratégico de inversiones, poner en marcha el Salón de la Contratación Pública de la Diputación, homologar las empresas a contratar en casos de urgencia e implementar la cultura de la organización incluyendo la integridad y los valores éticos.

Elena Ferre ha considerado que todas estas actuaciones acordadas con socialistas y C's "son fundamentales" para hacer que la Diputación sea creíble desde el punto de vista de "la ética y la transparencia". 

Talarn destaca los criterios de equidad de la Diputación para distribuir las ayudas

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, ha afirmado que la llegada de ERC a la presidencia de la institución "ha servido para iniciar una transformación más que notable en la gestión de la Diputación, impulsando criterios objetivos y de equidad en el reparto de los fondos públicos y mejorando en la transparencia". Así, se ha pronunciado después de la rueda de prensa conjunta de este lunes de los grupos del PSC, UA, ECP y de Cs en la cual han reclamado al actual equipo de gobierno la adopción de medidas para evitar que puedan repetirse irregularidades administrativas como las detectadas por la Sindicatura de Cuentas en contrataciones efectuadas por la diputación leridana en el ejercicio 2017, bajo la presidencia de Joan Reñé (CiU).

El presidente de la Diputación de Lledia se ha reafirmado este lunes en el anuncio que hizo en el último Pleno cuando explicó que ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de la institución sobre las posibles responsabilidades que puedan derivarse de las supuestas irregularidades administrativas detectadas por la Sindicatura durante el ejercicio 2017. "Hasta que no disponga de este informe tiene que prevalecer la presunción de inocencia sobre posibles responsabilidades jurídicas", ha afirmado Talarn. Aun así, ha asegurado que el gobierno analizará las propuestas de la oposición cuando las reciba. 

Talarn también ha señalado que, antes de disponer del informe de la Sindicatura de Cuentas, el actual gobierno "ya había empezado a arreglar los aspectos que se señalan como administrativamente incorrectos en el informe". En este sentido, ha explicado que, desde el inicio del mandato, se han eliminado las ayudas directas discrecionales con la implementación de planes económicos "equitativos y transparentes" que, además, "han supuesto un incremento de los fondos destinados a los ayuntamientos". "Para este 2021 destinamos el 47% de la inversión y las ayudas a ayuntamientos y consejos comarcales, que son cerca de 50 millones de euros", ha indicado. Asimismo, ha destacado que "se han dejado de hacer las contrataciones directas mencionadas al informe, que en la actualidad son ahora contratos realizados después de un proceso de licitación pública."

Talarn también ha puesto de relieve que el procedimiento de urgencia "sólo se ha utilizado por temas de la covid-19, de acuerdo con las instrucciones aportadas a su día por el gobierno del Estado."