La PAH de Lleida defiende a okupas denunciados por sus vecinos por amenazas y vandalismo

Medio centenar de personas convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentraron ayer a primera hora de la mañana frente al número 18 de la calle Manuel Carrasco i Formiguera, en La Bordeta, para intentar frenar el desalojo de una docena de familias que okupan pisos. El edificio era de propiedad bancaria pero ahora está gestionado por la Agència Catalana de l’Habitatge, que ha instado el desahucio. Ayer no se produjo, pero un portavoz de la PAH indica que temen que sea inminente y que habrá un gran despliegue de Mossos.

El bloque tiene 36 viviendas, una quincena okupadas. El resto de vecinos pagan un alquiler social y desde hace tiempo denuncian que los okupas generan muchos problemas de convivencia.

Aseguran que causan destrozos, ruidos, tienen la electricidad ‘pinchada’ y provocan que los ascensores no funcionen, además de amenazarles y amedrentarles. La Sindica Municipal de Greuges, Dora Padial, afirma que tiene constancia de “cientos” de denuncias a la Guardia Urbana y los Mossos por la actitud de los okupas.

Padial dijo que la Sindicatura de Greuges de Catalunya está al corriente de esta situación, que calificó de “terrible” para los vecinos. “Es la casa de los horrores”, subrayó y fue muy crítica con la PAH. “Me ha decepcionado mucho. No está defendiendo a personas vulnerables sino a delincuentes que se aprovechan del sistema.

No han hablado conmigo y no quieren saber la verdad”, apunta, y relata que estos okupas “llevan coches de alta gama y nunca han ido a servicios sociales. Remarca que son “un clan con un capo que se ha autonombrado presidente de la comunidad y amenaza a todo el mundo”.

Detalla que en el edificio “trafican y hay prostitución” y “hay niños en riesgo”. “Son como una banda mafiosa y a esta gente es la que apoya la PAH”, incide, y apunta que con a través de su mediación están actuando de forma coordinada “todas las instituciones” en este caso.

La síndica defiende la gestión de la Agència Catalana de l’Habitatge, “que fue piso por piso”, y subraya que “ninguna familia se quedará en la calle”. 

La PAH niega las acusaciones de los vecinos y asegura, por contra, que son ellos los que “criminalizan” a los okupas. “Ellos no han roto el ascensor y de todo lo que pasa los culpabilizan. No hay peleas, solo son un poco escandalosos. Y se quejan de que los niños corren por la casa”, dijo un portavoz. Aseguran también que “les ofrecieron un alquiler social y luego les dijeron que no”.

“Es un sinvivir, no paran de hacer fiestas y nos insultan” Este bloque fue destinado en su día a pisos de alquiler social, adjudicados por la administración, por lo que sus inquilinos eran personas vulnerables, entre ellas víctimas de violencia de género. Una vecina explicó ayer que los okupas “celebran fiestas día y noche, es un sinvivir”. Otra indicó que hay una quincena de piso okupados, lo que impide que familias que están en lista de espera puedan acceder a ellos, y ambas coincidieron en afirmar que los okupas insultan y amenazan a los demás. En otro orden, la PAH informó de que ayer se paralizó un desahucio previsto en la plaza dels Gramàtics.