VIVIENDA CONFLICTO
Unión de Govern, Paeria y Síndica para desalojar a okupas conflictivos
Afirman que solo en 2 de los 12 pisos okupados en el bloque de La Bordeta residen personas consideradas vulnerables || Está previsto otro procedimiento para 6 más
El bloque del número 18 de la calle Carrasco i Formiguera.
La Agència Catalana de l’Habitatge, la Paeria y la Síndica Municipal de Greuges defienden al unísono el desahucio de los okupas conflictivos del bloque del número 18 de la calle Manuel Carrasco i Formiguera, en La Bordeta, y abogan por ser “serios y responsables en la gestión de pisos públicos en defensa de los vulnerables”. En cambio, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) defiende a estos okupas.
De los 36 pisos que forman el edificio, cedido por Bankia a la Generalitat en 2020, están okupados 22 y el proceso penal que ha culminado con la actual orden de desahucio afecta a los okupantes de 12 viviendas. El director de la Agència Catalana de l’Habitatge, Jaume Fornt, indicó ayer que tras estudiar los casos uno por uno determinaron que no eran personas vulnerables, aunque precisó que un informe de los servicios sociales municipales determina finalmente que sí lo son en dos casos.
Se trata de dos madres con un hijo cada una, que serán reubicadas, primero en una pensión y en quince días en un piso de otro inmueble.
Añadió que otras 6 o 7 viviendas también okupadas no pueden ser desalojadas. Primero deben resolver los contratos de arrendamiento, para poder iniciar un procedimiento civil de desahucio. Detalló que las personas a las que se les alquilaron estos pisos ahora están ilocalizables, mientras en ellos están viviendo otras de manera irregular.
Remarcan que aplican la ley que insta a no adjudicar pisos sociales si no hay convivencia vecinal pacífica
Fornt remarcó que disponen de un informe que advierte de los “problemas importantes” que ocurren en el bloque, así como de múltiples quejas de los vecinos legales, que pagan un alquiler social. Además, argumentó que están aplicando la disposición adicional número 13 de la ley 4/2016 que determina que “en las adjudicaciones de viviendas por emergencia social se han de tener en cuenta las situaciones de convivencia vecinal pacífica y a estos efectos se han de valorar los informes emitidos por el ayuntamiento o los cuerpos policiales”.
El teniente de alcalde Sergi Talamonte dijo que este tipo de okupaciones conflictivas hacen un “flaco favor” a las personas vulnerables y avaló el desalojo de las familias que no lo son del bloque de Carrasco i Formiguera, “vista la gran conflictividad que se ha generado”. Dijo que en muchos casos los servicios sociales ni siquiera han conseguido una comunicación con esos okupas y remarcó que cuando se recuperen los pisos se destinarán a programas del tercer sector o al Housing First, por ejemplo.
Por otra parte, incidió en que “las situaciones incívicas de las familias que disfrutan de un piso social no se pueden tolerar”, y apuntó que en dos meses han registrado diez casos, de los que seis han acabado con la resolución del contrato de alquiler social.
La Síndica, Dora Padial, refrendó que los vecinos del bloque están viviendo “un gran sufrimiento” y consideró un “ejemplo” el trabajo colaborativo de las instituciones en este conflicto. Un desahucio, cuando se hace bien como en este caso, soluciona la vida de personas y da derecho a la vivienda a las que realmente lo necesitan”. Fornt apuntó que hay situaciones como esta en otras ciudades de Catalunya “por la dejadez de los fondos de inversión de bancos”, y subrayó que “lo que se ha hecho en Lleida se debería hacer en todos los casos”. Padial añadió que en Lleida hay otros casos conflictivos.
Las claves
Okupas y quejas desde hace años. El bloque del número 18 de la calle Manuel Carrasco i Formiguera, en La Bordeta, es propiedad de Bankia, pero en octubre de 2020 lo cedió a la Agència Catalana de l’Habitatge. Entonces ya había pisos okupados y ya se habías registrado quejas por problemas de convivencia y amenazas. La Síndica Municipal de Greuges asegura que los vecinos que pudieron dejaron este bloque por esta situación. Según la Generalitat, de las 36 viviendas, 22 están okupadas.
Colaboración institucional. Los vecinos que pagan un alquiler social han presentado múltiples denuncias por la actitud de los okupas, acudieron a la Sindica y también han intervenido los servicios sociales de la Paeria, la Guardia Urbana y los Mossos. Finalmente, la Agència Catalana de l’Habitatge inició un procedimiento penal de desahucio, que culminará en breve, cuando los Mossos diseñen el operativo. No obstante, al parecer algunos de los okupantes ya se están marchando por su cuenta.
