Desalojados sin incidentes pisos okupados en un bloque de Lleida

Cuatro adultos y un menor han sido desalojados este jueves a primera hora de la mañana de 3 de los pisos okupados desde hacía unos dos años de un edificio del barrio de la Bordeta de Lleida. Servicios Sociales consideró vulnerables a dos mujeres con hijos y las trasladó a pisos sociales de otros barrios. Las personas que vivían en los otros 7 pisos ocupados ya habían abandonado el bloque la última semana ante el riesgo inminente que les echaran. A pesar del gran despliegue de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, con una decena de furgones antidisturbios, el desalojo se ha desarrollado sin incidentes. Tampoco se han acercado miembros de la PAH que hace una semana sí que se concentraron delante del bloque para rechazar el desalojo.

De los treinta y seis pisos que forman el edificio, cedido por Bankia a la Generalitat en 2020, veintidós están okupados y el proceso penal que ha culminado con el actual orden de desahucio afecta a los ocupantes de doce viviendas.

El desahucio de estos 12 pisos estaba previsto para el 2 de junio y aquel día la PAH se concentró delante del edificio para evitarlo. Finalmente no se llevó a cabo. Desde entonces, algunas de las 12 familias se han ido marchando voluntariamente.

La docena de familias que ocuparon algunos de estos pisos reclamaban a Generalitat y Paeria una solución habitacional para no quedarse en la calle. El resto de vecinos del inmueble, que pagan un alquiler social, llevan tiempo quejándose de las molestias que, aseguran, provocan a los okupas como destrozos, suciedad y ruidos, además de tener la luz pinchada.

Hace una semana, los vecinos que pagan un alquiler social aseguraban que hace meses que denuncian las molestias y los "problemas de convivencia" de los cuales responsabilizan a los okupas que también viven en el inmueble, mientras que estos lo negaban. La polémica con este edificio se avivó hace unos días cuando la Síndica de Greuges de la Paeria, Dora Padial, dijo que "la PAH defiende a delincuentes, no a personas vulnerables".

La CUP pidió su dimisión por estas palabras y reclamó a ERC y al Comú de Lleida de la Paeria que sustituyeran "inmediatamente" a Padial "por alguien que se preocupe de evitar los desahucios en lugar de criminalizar aquellos que trabajan para evitarlos".

Los inquilinos legales recuerdan que son personas que accedieron al alquiler de estos pisos sociales acreditando que estaban en situación de vulnerabilidad y destacan que no había problemas de convivencia hasta que empezaron a llegar estos okupas. Indican que han generado problemas de inseguridad, insalubridad e incivismo, que inquilinos se han acabado marchando “al no poder soportar esta situación” y que okupas han cedido pisos a otros a cambio de dinero. Por eso, dicen que no entienden que la PAH nunca los haya defendido y ahora sí que lo haga con los okupas.