Fruita amb Justícia Social exige a Miquel Pueyo que detenga las actuaciones de la Guàrdia Urbana a personas que duermen en la calle

La plataforma Fruita amb Justícia Social reclama "con urgencia" una reforma del modelo policial municipal con respecto a las actuaciones ante la gente que duerme en la calle. Asegura que, a pesar de haberlo denunciado públicamente el verano pasado, "continúan las actuaciones represivas e intimidatorias de la Guàrdia Urbana" hacia las personas racializadas que se encuentran viviendo a la intemperie.

La plataforma remarca que las funciones de la policía tendrían que velar por los derechos de las personas e identificarlas, sólo, en el ejercicio de mantenimiento del orden, de la protección de la seguridad ciudadana o de la convivencia pacífica y en caso de indicio de delito, y no por dormir en la calle y ser extranjero, como lo está haciendo el cuerpo policial. Es un ejemplo el pasado mes de mayo cuando, según la plataforma, agentes de la Guàrdia Urbana de Lleida identificaron y citaron por perfil étnico a Extranjería, personas que dormían en los Camps Elisis.

En este sentido, remarca que desde la finalización en abril del Pla Iglú gestionado por la Paeria y la posterior reapertura del pabellón de la Fira de Lleida para la acogida de temporeros pasó un mes, periodo en que "se dejó muchas personas a la intemperie, agravando su situación de vulnerabilidad". La plataforma resalta que las actas levantadas por la Urbana a partir de "identificaciones ilegales por perfil étnico" causan detenciones, multas u órdenes de expulsión al país de origen que pueden derivar en el ingreso a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Desde Fruita amb Justícia Social se exige al alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, que actúe inmediatamente para parar estos abusos discriminatorios y racistas de la policía municipal, "y que a menudo son comunes en todos los cuerpos policiales", y que se investiguen los posibles casos de vulneraciones de derechos. Para detenerlo, la plataforma apuesta para que sean personas formadas en el ámbito de la atención social y la mediación quien se encarguen de estas personas y no la Guàrdia Urbana que, en algunos casos, "les han proferido amenazas y les han tirado sus pertenencias, aunque la normativa vigente dice que tienen que depositarse en espacios municipales para su recuperación". Asimismo, exigen un cambio en el discurso del alcalde de Lleida cuando se refiere como personas con problemas mentales, "ya que estas afirmaciones generalistas y simplistas contribuyen a atizar los discursos de odio y de rechazo que últimamente proliferan en los barrios de la ciudad".