Moncloa no exigirá que el 25% de las clases en los centros catalanes se den en castellano

El ministerio de Educación no exigirá que el 25% de las clases de los centros educativos catalanes se impartan en castellano.

Así lo aseguraron fuentes del propio ministerio, remarcando que no pedirá que se ejecute la sentencia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictó el pasado diciembre después de que detectara “su uso residual” en las aulas tras un recurso que el gobierno de Mariano Rajoy presentó en 2015 por la “inactividad” de la Generalitat en su obligación de garantizar al menos un 25% de las clases en castellano, tal y como ya pedían sentencias previas del propio TSJC y del Tribunal Supremo. En este sentido, desde Educación aseguran que no se aferrarán a el último fallo del ente judicial porque consideran que esto supondría “una invasión de competencias de la Generalitat”, que es la que debe regular en qué porcentaje de clases se imparte en cada idioma.

Así se lo trasladó la propia ministra del ramo, Pilar Alegría, por carta a la presidenta de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, misiva que ayer avanzó El Mundo.

“La política lingüística en la escuela no es competencia del Estado, sino de las administraciones educativas”, dijo Alegría en su carta, en la que añade que “la constitucionalidad del régimen lingüístico en los territorios con lengua cooficial dependerá de una valoración flexible que determine que ambas lenguas tienen presencia” y que todo el mundo “asuma el dominio pleno e inequívoco de ambas”.

La ministra de Educación señala en una carta que “la política lingüística no es competencia del Estado”

Por otro lado, Alegría recuerda en su escrito que, en el caso de que el ministerio actuase para solicitar la ejecución de la sentencia del TSJC, la Generalitat podría recurrir al Tribunal Constitucional y este podría fallar que el Estado está invadiendo competencias autonómicas. La respuesta de la ministra viene después de que la Assemblea per una Escola Bilingüe a Catalunya se quejara en la comisión del Parlamento Europeo. La titular de Educación añadió en su respuesta que la sentencia del TJSC no es firme, ya que la Generalitat la recurrió ante el Tribunal Supremo.

El debate sobre el castellano en las aulas arrancó con la ley Wert, que lo fijaba como lengua vehicular en las comunidades con lenguas cooficiales. Actualmente, el Ejecutivo está redactando una nueva ley educativa que prevé revertir lo que hizo la ley Wert, ya que el castellano no sería vehicular en comunidades con dos lenguas cooficiales.