SALUD DERECHOS
Lleida aún no hace abortos quirúrgicos pese a las promesas
Montero quiere reformar la ley de interrupción del embarazo antes de fin de año
Imagen de archivo de una protesta de colectivos feministas a favor el derecho al aborto en Lleida.
Pese a que la conselleria de Salud anunció que el servicio para ofrecer la interrupción voluntaria del embarazo de forma quirúrgica en la clínica Mi NovAliança de Lleida entraría en vigor antes del verano, aún no es posible abortar en la capital del Segrià, según fuentes del centro hospitalario.
Mi NovAliança es la única clínica que ofrecerá este tipo de servicio en la provincia, pero todavía no ha entrado en funcionamiento y se desconoce la fecha en la que estará disponible, a la espera de conocer la respuesta de Salud, que también anunció que en el Pirineo se podría llevar a cabo el aborto farmacológico en los hospitales del Pallars en Tremp y el de la Cerdanya. Más de 240 leridanas tuvieron que desplazarse en 2020 fuera de la provincia de Lleida para poder abortar, según el estudio L’accés a l’avortament voluntari a l’Estat espanyol: principals barreres, de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius.
Entretanto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció ayer que el Gobierno dará un “impulso definitivo” a la reforma de la ley del aborto que, entre otras medidas, pretende que las mujeres puedan interrumpir el embarazo “cerca de su domicilio y en un centro público”.
En una entrevista en Radiocable, la titular de Igualdad subrayó que se deben respetar los derechos del personal sanitario, pero “no pueden estar por encima de los de las mujeres”. Montero señaló que el derecho al aborto “está superado en España”, pero tiene que hacerse “efectivo”, ya que muchas mujeres se ven obligadas a desplazarse de su comunidad autónoma para poder interrumpir el embarazo.
Asimismo, reiteró que la reforma que impulsará el Gobierno, que prevé que esté lista antes de finales de año, declarará la actividad de los vientres de alquiler como una forma de violencia contra las mujeres.
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Cabe recordar que el pasado mes de julio el Parlament aprobó instar al Govern a aprobar el reglamento de despliegue de la ley de universalizaciónd de la sanidad en Catalunya, garantizando el acceso a la atención de salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluso el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En la moción, la CUP aseguraba que en Catalunya “El 97% de los abortos quirúrgicos se derivan a clínicas privadas, a las que el departamento de Salud destina cerca de 3 millones de euros anuales”.
