ENTREVISTA
«Se deberían establecer penas más acordes a su peligrosidad criminal»
Entrevista a Juan Boné, fiscal jefe de Lleida
La plantación contaba con un sofisticado sistema de riego, cogiendo el agua del río Set y almacenándola en piscinas. También tenían un secadero y dormían allí para evitar ser víctimas de un narcoasalto.
Cierto es que las penas no son demasiado elevadas ya que si el alijo es inferior a los 10 kilos de peso neto (sobre unas 200 plantas aproximadamente) la pena va de 1 a 3 años y, como es conocido, salvo que se tengan antecedentes, no se cumplirá condena en prisión y, como derivada, es extraño que los jueces acuerden medidas cautelares con penas tan cortas. Cuando la cuantía es superior a esos 10 kilos la pena puede llegar hasta los cuatro años y seis meses y ahí ya la sanción parece más adecuada.
¿Se tendrían que endurecer las condenas y situarlas al nivel de otras drogas como puede ser la cocaína?
Creo que las organizaciones criminales tienen a España, y por tanto a Lleida, como su invernadero particular y desde luego el peligro obvio es que acaben controlando el territorio desarrollando conductas mafiosas incluso de lucha entre ellas. Sin duda, además de mejorar le eficacia policial con más medios, se impone establecer un abanico de penas más amplio que permita graduar mejor la peligrosidad criminal.
Otra de las dificultades es poder llegar a juzgar a estas personas que, al quedar en libertad con cargos en la mayoría de ocasiones, se evaden de la acción de la Justicia.
¿Con qué dificultades se encuentran para llevar ante al banquillo a los supuestos traficantes?
La primera dificultad deriva de que solo se descubren un ínfimo número de plantaciones. Además, el transporte a Europa mezclado con otras mercancías es sencillo y muy difícil de detectar. Las plantaciones se localizan, además, en zonas de difícil acceso lo que, unido a que nuestras fuerzas de seguridad tienen un despliegue territorial muy limitado, hace complicado su descubrimiento. En las “indoor” es más difícil todavía porque utilizan garajas, trasteros o naves industriales perfectamente camufladas. Iniciado el procedimiento judicial es evidente que, por un lado, nos encontramos con las dificultades de localización de investigados ya apuntadas, la nula colaboración de los implicados por temor a represalias y, por supuesto, la necesidad de ser muy rigurosos en la obtención de pruebas pues sus equipos jurídicos, en uso del derecho de defensa y con importante disponibilidad de fondos, ponen de relieve cualquier error que pudiera cometerse y eso podría llevarnos a una sentencia absolutoria.
