Procesan a un funcionario de la cárcel Ponent por abusos sexuales a un preso

Un funcionario del Centre Penitenciari Ponent será juzgado como presunto autor de abusos sexuales y abuso de autoridad a un recluso durant dos años. Según la jueza, los hechos se habrían producido cuando el ahora procesado era jefe de módulo y supuestamente abusó del interno a cambio de regalos y privilegios. El preso fue trasladado de cárcel.

El juzgado de Instrucción número 2 de Lleida ha procesado a un funcionario del Centre Penitenciari Ponent, J.M.J.A., por delitos continuados de abusos sexuales y abuso de autoridad durante dos años sobre un interno de la cárcel, según ha podido saber este periódico. El caso fue denunciado en octubre de 2018 y la jueza instructora afirma ahora que “de las pruebas practicadas y, especialmente de la declaración de los denunciantes, así como de los testigos, los informes que obran en las actuaciones (…) así como de la declaración del investigado, se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad del momento procesal en el que nos hallamos, imputar a J.M.J.A.”. En este sentido, afirma que el procesado “abusó sexualmente de forma continuada del interno abusando de su situación de superioridad derivada de que era jefe de la unidad del módulo, donde el denunciante estaba interno”.

La víctima, representada por el abogado Enric Rubio, ingresó en el centro en el año 2014. Tras denunciar los abusos, fue trasladado a la cárcel de Lledoners para evitar represalias. De esta forma, según el auto, la primera ocasión fue cuando un día el investigado dio “un beso y un abrazo” al recluso después de dejarle llamar por teléfono a su novia.

El interno cambió de módulo y se produjo un encuentro casual en el que el investigado le propuso ser trasladado al suyo. En una ocasión “se abalanzó sobre él” pero el interno le dijo que no era gay, a lo que el investigado le dijo “qué poco aprecias tu bienestar en el centro” para, a continuación, “pedirle que le enseñara el pene, a lo que el denunciante terminó accediendo, realizándole tocamientos el investigado y cogiendo su mano para que le masturbara”, según consta en el auto. A partir de entonces, el investigado comenzó a acudir al módulo en el que estaba el recluso para propiciar los encuentros para los supuestos abusos sexuales.

Posteriormente, el denunciante fue trasladado al módulo del que era responsable el investigado, “obligándole a hacerle una felación” y otros tocamientos. “A cambio de todo ello, el investigado introducía en el centro regalos que le daba, le dejaba hacer llamadas incluso con su propio teléfono y hasta le hacía fotografías que luego enviaba a su madre para que supiera que el denunciante se encontraba bien”, según la jueza instructora. El interno denunció los hechos en octubre de 2018.

El centro incoó un expediente disciplinario al hoy investigado.

Cuatro vecinos de Rosselló, encarcelados por la presunta violación a una menor discapacitada

Por todo ello, la jueza determina que “concurren indicios de que J.M.J.A es autor de un delito continuado de abusos sexuales y un delito de abusos en el ejercicio de sus funciones”. Además, el juzgado pide que el acusado preste una fianza de 30.000 euros con la finalidad de asegurar el resarcimiento de la víctima. Cuando la investigación salió a la luz, el servicio de Inspección de Justicia suspendió al funcionario de empleo y sueldo durante seis meses y tiene abierto un expediente disciplinario, que ha quedado suspendido a la espera de que se dicte una resolución judicial.

“Puede acarrear reclusión e inhabilitación por más de 10 años”

La Audiencia de Lleida ha celebrado o ha señalado hasta cinco vistas por delitos sexuales desde el mes de septiembre, cuando empezó el curso judicial. A principios de septiembre, se juzgó a un vecino de la Noguera acusado de abusar sexualmente de la nieta de una amiga. En este caso, el hombre, que se enfrentaba a hasta nueve años de cárcel, fue absuelto por la falta de pruebas y las contradicciones de la denunciante.

El tribunal leridano también ha acogido el juicio contra un vecino de La Seu d’Urgell que se enfrenta a una petición de casi 28 años de prisión por contactar con menores por internet para obtener imágenes y abusar sexualmente de uno de ellos. Todavía no hay sentencia. En cambio, se suspendió la vista contra un vecino de la Torre de Capdella, en el Pallars Jussà, que en diciembre cumplirá 94 años acusado de abusar sexualmente de una menor de 8 años para analizar si el acusado está capacitado para declarar debido a su edad.

Otro hombre se enfrenta a una petición de 7 años de prisión acusado de abusar de su cuñada discapacitada. La víctima declaró que le obligaba a tener relaciones y ver vídeos sexuales. La sentencia está pendiente.

Por último, se ha juzgado a un individuo acusado de pegar y violar a su pareja en Tremp. La vista no ha finalizado y seguirá en noviembre con la declaración de la denunciante, que se ausentó el día del juicio. A todo ello, hay que sumar los cuatro encarcelados de Rosselló acusados de violar a una menor discapacitada.

Los cuatro hombres compartían un piso en esta localidad del Segrià. El juzgado que investiga el caso ratificó la semana pasada la prisión preventiva para todos ellos. Ante el juez, se negaron a declarar.Enric Rubio, abogado del denunciante, afirmó que “estamos ante la presunta comisión de dos delitos muy graves que pueden llegar a acarrear penas de prisión y de inhabilitación absoluta superiores a los 10 años”.

Además, recordó que “un funcionario está llamado a mantener el orden y velar también por el bienestar de los presos. No olvidemos que una persona privada de libertad, con independencia de lo que le haya llevado a la cárcel, se encuentra aislada y, por tanto, presenta un estado de especial vulnerabilidad”. Por todo ello, “en ningún caso un funcionario de una prisión se puede valer de la situación de superioridad que deriva de su estatus como ‘autoridad’”.