Cambray dice que Alegría le ha dado "garantías" de que no ejecutará el 25% de castellano en las aulas

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado este miércoles que la ministra de Educación, Pilar Alegría, le ha dado "garantías" de que no ejecutará la decisión del Tribunal Supremo (TS), que ha reafirmado la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo de Catalunya.

En una entrevista en Rac1, el conseller ha dicho que el ministerio emplazará a que se cumpla la LOMLOE, según le ha trasladado Alegría, y ha sostenido que dicha ley educativa estatal garantiza el aprendizaje de las dos lenguas en las comunidades con lengua cooficial.

Por otro lado, ha asegurado que "no se está exponiendo a los directores de los centros" porque el departamento les da cobertura y no les pasa ninguna presión –en sus palabras–. "La escuela no debe decidir nada. Debe seguir haciendo el trabajo como hasta ahora y desplegando los proyectos lingüísticos como los tenía hasta hoy. La sentencia no nos afecta", ha manifestado.

Gonzàlez-Cambray ha dicho que, al contrario, frente al retroceso del uso del catalán que sugieren los estudios del departamento, tomarán "decisiones para que los proyectos lingüísticos den respuesta a la Ley de Educación de Catalunya".

El Gobierno dice que es la Generalitat la que tiene las competencias

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido este miércoles que el Ejecutivo no tiene las competencias para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán, ya que la Educación está en manos de las comunidades y, por lo tanto, de la Generalitat. En todo caso, fuentes gubernamentales explican que, como ocurre con cualquier sentencia, los Ministerios afectados están estudiando el caso, y a la espera de ver qué dicen los informes jurídicos que siempre se elaboran en estas situaciones.

"El Gobierno no tiene esas competencias", ha respondido la ministra en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, al ser preguntada en concreto sobre si el Ejecutivo va a instar al Govern a cumplir la sentencia de Supremo. Esas competencias son de la Generalitat, según han explicado después las fuentes consultadas.

No obstante, la Generalitat ha dejado claro que no quiere acatar la sentencia y, de hecho, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha pedido este miércoles por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no cambien su proyecto lingüístico docente: "Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora".

Aún así, el Ejecutivo entiende que el cumplimiento de esa sentencia depende del Govern, ya que es esta administración y no el Gobierno la que tiene las competencias en Educación. Eso sí, Rodríguez ha defendido que el Ejecutivo central respeta las sentencias y las ejecuta cuando le corresponde.