El Supremo obliga a dar el 25% de las clases en castellano al rechazar el recurso del Govern

El Tribunal Supremo confirmó ayer la obligación de que haya un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en los centros educativos catalanes después de rechazar el recurso de casación que presentó la Generalitat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Una decisión que el conseller de Educación del Govern, Josep Gonzàlez-Cambray no dudó en calificar de “un nuevo ataque frontal al sistema educativo catalán”. Afirmó que “el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes” y mandó un mensaje de tranquilidad.

La decisión del Supremo ratifica la sentencia dictada por el TSJC en diciembre del año pasado después de que en 2016 la Abogacía del Estado presentara un recurso contra la Generalitat al considerar que incumplía “los baremos consolidados” por la ley de Educación de 2013, conocida como la ley Wert, que fijaba el castellano como lengua vehicular en las comunidades con lenguas cooficiales. El conseller de Educación indicó que o supone “un menosprecio para los profesores que sea un juez quien determine de forma arbitraria el porcentaje de horas que son necesarias para aprender una lengua”, y recordó que en las pruebas de evaluación que hacen en sexto de Primaria los alumnos catalanes sacan las mismas calificaciones en catalán y en castellano y que incluso son mejores que los de otras comunidades en las que el castellano es la única lengua. Por todo ello, González-Cambray dijo que esta nueva situación no supondrá “ningún cambio” en el sistema vigente y que quién ha dictado este fallo “desconoce la realidad lingüística de este país”, añadiendo que no hay un conflicto lingüístico.González-Cambray dijo que habló con la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien le transmitió que quiere aplicar a la nueva ley estatal, la Lomloe, que prevé “garantizar el aprendizaje de lengua catalana y la castellana” y que esta última no sea vehicular en comunidades con lenguas cooficiales.

Añadió que la nueva ley y la propia ministra no exigirán cumplir el fallo del TSJC para “no invadir competencias” de la Generalitat y “respetará la inmersión”.

Aragonès se reúne con entidades y recalca que el catalán “no se toca”

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, calificó de “un ataque muy grave” la decisión del Supremo y defendió que el modelo de inmersión lingüística es una garantía de cohesión social. “El catalán en la escuela no se toca”, dijo.

Por ello, ayer mismo se reunió con entidades educativas y culturales para trabajar “una respuesta conjunta” y consideró que la “injerencia es una falta de respeto a los docentes”, y que el Govern trabajará en todas las vías posibles y no delegará la responsabilidad en los profesores y los centros educativos. Por su parte, el sindicato mayoritario en el sector educativo, Ustec·Stes, lo calificó de “una muy mala noticia” y pidió a la Generalitat que no acate la sentencia. CCOO defendió la inmersión lingüística al ser “un modelo de éxito” y la Intersindical dijo que es “otra intromisión judicial a la lengua y la cultura”.

Òmnium reclama una respuesta de país y llama a la desobediencia

Òmnium Cultural hizo ayer un llamamiento a agotar todas las vías para blindar el modelo catalán de inmersión lingüística e incluso “desobedecer” la decisión del Tribunal Supremo. En un comunicado, la entidad señaló que esta “nueva intromisión injustificable de los tribunales es un ataque intolerable que rompe el consenso alrededor de un modelo de éxito como es la escuela en catalán”. Por ello, urgió a a implementar una “respuesta de país, transversal y sin fisuras” liderada por la plataforma Somescola que blinde el catalán en clase y el modelo educativo.Por otro lado, Societat Civil Catalana calificó el fallo del Supremo como “un triunfo histórico por la igualdad de oportunidades frente a un modelo reaccionario” y supone un “varapalo al sectarismo lingüístico que ha practicado la Generalitat y sus organizaciones civiles satélites”.

Sólo 80 peticiones de escolarización en esta lengua desde 2005

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, recalcó que en Catalunya no hay ningún problema con la inmersión lingüística recordando que “desde 2005 solo 80 familias han pedido la escolarización en castellano”. Un hecho que para el titular de Educación demuestra que el modelo lingüístico en los centros catalanes “es un modelo de éxito”, que la “ley de educación catalana es constitucional y cuenta con el apoyo de la Unión Europea”. No obstante, reconoció que “el uso social del catalán en las aulas se debe reforzar”.

Es por ello que anunció que harán “todos los estudios y diagnósticos necesarios” para promover el uso del catalán en las aulas. Por su parte, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, también denunció que la decisión del Tribunal Supremo es otro “ataque al modelo de inmersión lingüística” y que trabajarán para “mejorar el estado de salud del catalán en todos los ámbitos de la sociedad”.