Los centros de Lleida rechazan impartir en castellano el 25% de las clases

La Asociación de Directores de Lleida, que agrupa a los responsables de 35 centros de Secundaria y Primaria, rechazó ayer aplicar la resolución del Tribunal Supremo que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano y apostó por mantener el actual modelo. “Creemos que el modelo lingüístico que se aplica en las escuelas catalanas es un modelo de éxito en el cual se garantiza el dominio por parte del alumnado de la lengua catalana, castellana y de una extranjera, y nos disgusta profundamente que un tribunal de justicia nos imponga o quiera imponer un porcentaje de horas en lengua castellana”, señaló a este diario el presidente de la asociación, Ramon Òscar Torrelles.

“Los centros seguiremos desarrollando nuestro actual proyecto educativo, dentro del cual está el lingüístico, porque pensamos que es un modelo de éxito”. destacó. Además, señaló que es una incongruencia que “se quiera fiscalizar de esta manera lo que hacemos en las escuelas en un momento de transformación, en el que se habla de competencias y de un aprendizaje innovador, no de clases compartimentadas y de número de horas”.

La reacción de los directores está en sintonía con el escrito que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha remitido a todos los centros catalanes, en el que les indica que “no debéis hacer ningún cambio en vuestro proyecto lingüístico con motivo de la sentencia”, tras remarcar que “tenemos plena confianza en vosotros y queremos que sigáis trabajando exactamente como lo habéis hecho hasta ahora”. En el escrito, reitera lo que ya dijo el martes, que este “es un grave ataque a los fundamentos de la escuela catalana, hecho desde un tribunal alejado y desconocedor de la realidad sociolingüística de los centros educativos”. Además, deja claro que su departamento llevará a cabo el plan de promoción del catalán anunciado hace unas semanas, cuando junto con el de Cultura presentaron los resultados de una encuesta que concluye que el uso de esta lengua en los centros ha caído significativamente.El conseller recuerda que el actual modelo está basado en la ley de Educación de Catalunya y subraya que esta “cuenta con un amplísimo consenso social y está apoyada por una amplia mayoría parlamentaria”.

Añade que garantiza que al acabar la educación obligatoria “todo el alumnado alcanza los aprendizajes del catalán y del castellano” y concluye manifestando que “esto no va de porcentajes. Va de pedagogía. La escuela en Catalunya, en catalán”.Ayer, Gonzàlez-Cambray también aseguró en Rac1 que la ministra de Educación, Pilar Alegría, le ha dado “garantías” de que no ejecutará la decisión del Supremo y que solo emplazará a cumplir la nueva ley orgánica, la Lomloe, en la que el castellano no es vehicular. No obstante, el ministerio dio otra versión.

Aragonès insta al Estado a defender el catalán

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, exigió ayer al Gobierno de Pedro Sánchez que haga una “clara defensa” del modelo de inmersión lingüística ante la resolución del Supremo. En este sentido, le instó a que no sea “cómplice” del posible retroceso en la inmersión lingüística.

Aragonés subrayó que la inmersión lingüística ayuda a la “cohesión social del país y a la igualdad de oportunidades”. “Hoy tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que amenaza la continuidad de este modelo y lo que pedimos al Gobierno del Estado es un claro compromiso de defensa del modelo de inmersión lingüística”, añadió. Además, consideró que el Gobierno central tiene la responsabilidad de defender, promover y proteger el catalán mientras Catalunya siga formando parte de España.

Por su parte, la consellera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, manifestó ayer en Lleida que el Govern trabaja para una respuesta conjunta “para que los docentes no tengan que asumir responsabilidades”. Indicó que estará liderada por el departamento de Educación y denunció “esta politización de la justicia española”. La consellera afirmó que en el ámbito universitario “nos posicionamos en la defensa de los derechos lingüísticos del catalán y contamos con la complicidad de los rectores y la comunidad universitaria”, y acabó señalando que “trabajamos para que el catalán sea la lengua vehicular en el sistema universitario”.

Familias por el bilingüismo denunciarán al Govern si lo elude

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), asociación formada por padres y madres que quieren que sus hijos puedan estudiar en castellano en Catalunya, avisó ayer de que denunciará al Govern si no cumple con la decisión del Supremo. “La Generalitat debe cumplir la sentencia de forma inmediata, quien debería instar a hacerlo es el Gobierno de España, porque fue parte del recurso”, señaló su presidenta, Ana Losada. Anunció que si el Govern no aplica la resolución en el plazo de dos meses de que dispone para hacerlo, su entidad instará a su ejecución.

Por otro lado, diversas asociaciones de jueces afirmaron que la sentencia es de obligado cumplimiento y que, si no se ejecuta, “se tomarán las medidas oportunas”.