Más de trescientos leridanos no podrán ver a sus hijos porque se les acusa de malos tratos

Más de 300 leridanos acusados de malos tratos machistas no podrán ver a sus hijos según un decreto ley aprobado ayer por el Consell Executiu para proteger a madres y niños de casos de violencia vicaria. De acuerdo con la normativa, que entró en vigor ayer y modifica los artículos del Código Civil catalán sobre la guarda, las estancias y las comunicaciones de los menores, los progenitores con indicios fundamentados de haber cometido actos de violencia familiar o machista tendrán prohibidas las estancias, las visitas y las comunicaciones con sus hijos e hijas. También quedarán prohibidas las estancias, comunicaciones y relaciones con los hijos para el progenitor que se encuentre en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física o moral, la libertad o indemnidad sexual del otro progenitor o los hijos, y también en los casos que este esté en la cárcel por los mismos delitos.

Según la última Memoria de la Fiscalía, el año pasado se abrieron cerca de 800 diligencias por violencia de género en las comarcas leridanas y en un 40% de los casos los acusados tenían hijos menores de edad. Asimismo, se abrieron más de 300 diligencias de investigación por violencia doméstica. En la mitad de estas causas la víctima era la pareja o expareja del presunto maltratador, y en 57 casos eran los hijos.

La normativa aprobada ayer también incluye que en los procesos civiles de separación y divorcio, el juez podrá establecer, de manera excepcional, un régimen de estancias o comunicaciones, en interés del menor, siempre que este haya sido escuchado. Las modificaciones en el ámbito del derecho civil serán de aplicación inmediata para los tribunales con el objetivo de disminuir las cifras de menores que mueren a manos de sus padres. Hasta ahora, esta obligación expresa del juez de vetar las visitas a los hijos cuando hay una sentencia firme o indicios fundamentados (como una denuncia de Fiscalía o la apertura de diligencias judiciales) no se incluía en la normativa y era decisión única del magistrado.

En cuanto a la atención y asistencia psicológica de los hijos menores de edad, no es necesario el consentimiento del progenitor investigado y tampoco lo será cuando se haya dictado una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal. Pese a que no se haya formulado denuncia previa, el consentimiento tampoco será necesario cuando la madre reciba asistencia.

Solo se suspenden las visitas en un 3% de las órdenes de protección

El número de menores víctimas de la violencia vicaria crece cada año.

Así, en el conjunto del Estado, un total de 5 niños han sido asesinados por uno de sus progenitores, uno de los cuales en Catalunya a finales de agosto en un hotel de Barcelona. La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, señaló ayer que este hecho acostumbra a suceder cuando la pareja se disuelve o está separada y durante el régimen de visitas con el progenitor que no tiene la guarda. De hecho, incidió en que la mayoría de muertes de niños por violencia vicaria se producen durante las estancias con el padre.

Así, de las 47.000 órdenes de protección a víctimas de violencia machista que se otorgaron en España en 2019, solo en un 3% se suspendieron las visitas entre niños y progenitores. En los últimos ocho años, el teléfono del Institut Català de les Dones (900 900 120) ha detectado un total de 162 menores que son víctimas directas del maltrato contra sus madres (violencia vicaria) en las comarcas leridanas. En lo que va de año, se han detectado un total de 16 casos, una cifra que se ha duplicado respecto a 2019.