Entidades sociales reclaman 250 pisos en Lleida para colectivos vulnerables

Entidades del tercer sector necesitan unas 250 viviendas en las comarcas de Lleida (1.400 en toda Catalunya) para atender a los colectivos en situación de vulnerabilidad en los próximos tres años.

La Taula del Tercer Sector y Cohabitac (una coordinadora de fundaciones que combaten la exclusión residencial) presentaron ayer su último estudio sobre necesidades de vivienda en Catalunya. Se han disparado con la Covid, y constataron que el 67% de las 1.400 que requieren se sitúan en el área metropolitana. El segundo lugar lo ocupa la provincia de Lleida, con un 17% sobre el total; y el tercero, Girona y Tarragona, con el restante 16%.

El colectivo advirtió de la situación de emergencia a la que se ven abocadas numerosas familias vulnerables. La presidenta de la mesa, Francina Alsina, reclamó a las administraciones, entidades financieras y particulares que busquen soluciones para dar respuesta a esta elevada demanda social y consideró “inaceptable que todavía haya pisos vacíos”. Estas entidades gestionan actualmente 4.098 viviendas en Catalunya (un 169% más que en 2015, fecha del último informe), de las cuales un 54% están en el área metropolitana; un 20% en Girona y el 26% restante entre Lleida, Barcelona provincia y Tarragona.En las comarcas de Lleida, ayuntamientos y Generalitat gestionan buena parte del parque de viviendas sociales además de las entidades del tercer sector.

Según fuentes del ejecutivo catalán, en Lleida hay más 1.600 viviendas sociales en 36 municipios que gestiona la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Esta cifra contrasta además con las 3.441 viviendas de las comarcas de Lleida que están vacías o bien okupadas. Además, la Generalitat calcula que Lleida necesitará 5.500 viviendas en veinte años para cumplir la normativa de alquiler social.

En cuanto a los ayuntamientos, los de mayor tamaño y más recursos gestionan bolsas de pisos sociales. Precisamente, Balaguer alertó el lunes de la situación de colapso habitacional en la que están a punto de entrar por falta de oferta. Es habitual que haya más demanda de vivienda social que oferta (ver desglose).

Acuerdo para ofrecer contratos sociales a seis familias de Aitona

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) o banco malo, y Ofideute, el organismo de la Generalitat encargado del asesoramiento y mediación sobre deudas hipotecarias y de alquiler, han llegado a un acuerdo para ofrecer un contrato de alquiler social a 6 de las familias magrebíes de Aitona sobre las que pende una orden desalojo. El juez ordenó desahuciar a nueve familias a instancias de la Sareb tras quedarse el bloque de viviendas ubicado en la calle Portal de la promotora en quiebra Mediterráneo Investment Partners. Según la alcaldesa, Rosa Pujol, otra de las familias supera los ingresos para optar a un arrendamiento social, por lo que se estudiará su caso individualmente.

Asimismo, otros arrendatarios han decidido comprar otra vivienda en la población y otros inquilinos decidieron marcharse. Pujol indicó que quedarán otras tres viviendas vacías que podrían destinarse a familias en situación de vulnerabilidad. Señaló los acuerdos con las 6 familias quedarán totalmente cerrados en breve.

El juez suspendió la orden de desalojo, lo que ha permitido negociar a instituciones, consistorios y familias afectadas.

Incentivos y llamamientos a los propietarios para alquilar pisos

Municipios de Lleida como Cervera proyectan una rebaja del IBI para los propietarios que pongan sus viviendas a disposición de la Xarxa d’Habitatges de Mediació Social de la Generalitat. Esta bolsa cuenta con 49 pisos en la capital de la Segarra y todos están ocupados.

La Paeria de Cervera ha recibido este año 53 solicitudes para acceder a una vivienda de protección oficial que se han derivado a la Generalitat, titular de estos pisos. Por su parte, Tàrrega ha hecho recientemente un llamamiento para que los propietarios de pisos vacíos los incluyan en la bolsa de viviendas de alquiler social de la Oficina Local d’Habitatge, que tiene solo un piso para ofrecer. Este organismo ha registrado 98 peticiones de vivienda social.

Mientras, La Seu tiene 9 viviendas conveniadas con la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) y el ayuntamiento también gestiona otras 2 de particulares, todas ellas asignadas. La Seu también ultima el proyecto para construir 10 viviendas en Cal Pensament, que donó en herencia un vecino. En Balaguer, la oficina de vivienda municipal recibe cada mes una treintena de peticiones para acceder a un piso social.

Gestionan 54 viviendas propias, 11 de ellas a cargo de la AHC, y otras 83 de propietarios y que están incluidas en la bolsa de mediación. La Paeria de Balaguer ha paralizado 88 desahucios este año, todos los procedimientos que se han iniciado desde enero (ver SEGRE de ayer).

Más de 6.200 familias piden ayuda para pagar el recibo de la luz

Un total de 6.289 hogares leridanos recurren al bono social habiltiado por el ministerio para la Transición Ecológica para pagar la luz, según datos facilitados por el propio departamento que corresponden a finales del mes de octubre.

En verano, según la misma fuente, había en Lleida 6.183 puntos de consumo con bono social, mientras que en Catalunya eran 107.366 y en todo el Estado, 1,19 millones de hogares. Esto supone un incremento de 106 nuevos usuarios, en consonancia con los incrementos de la luz desde hace meses (que mañana alcanza otro máximo histórico, ver página 25). El ministerio tiene otro bono específico para situaciones derivadas de la Covid.