La "Catalunya Vaciada" también existe

Todo empezó el pasado junio con cuatro alcaldes y un grupo de whatsapp. Ahora son más de 500, de todos los colores, y se han constituido como grupo de interés bajo la marca Eines de Repoblament Rural para reclamar al Govern un estatuto especial que atienda las urgencias de la "Catalunya Vaciada".

"Durante décadas no se ha hecho nada. Ahora es el momento", asegura el alcalde de Montgai,  Jaume Gilabert, que es uno de los promotores de este grupo, que aglutina al 90 % de municipios de menos de 2.000 habitantes y cubre el 63 % del territorio catalán.

Aunque los impulsores son de ERC, su voluntad es funcionar como un "lobby del mundo rural" ajeno a "injerencias partidistas".

Eso es lo que explica, destaca Gilabert, que los 504 integrantes de Eines de Repoblament Rural -han tenido que crear un segundo grupo de chat porque excedían el límite de participantes permitidos por la aplicación- haya personas independentistas, socialistas, de plataformas independientes e incluso el único alcalde que el PP tiene en Catalunya.

Por ahora, no se plantean que este grupo vaya más allá y derive en una marca electoral similar a Teruel Existe o Soria ¡Ya! porque confían en la "buena predisposición" que les ha trasladado el gobierno de la Generalitat respecto a sus demandas.

Una de las peticiones que han puesto sobre la mesa es la necesidad de disponer antes de que acabe 2022 de un Estatuto del Municipio Rural -similar a los que ya existen en otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha- que blinde a todos los pueblos de menos de 2.000 habitantes frente a leyes y normativas que les puedan ser "perjudiciales".

Gilabert lamenta que Catalunya "va a la cola" en el impulso de una norma de este tipo, que evitaría las recurrentes "discriminaciones negativas" que sufren las zonas rurales cuando el Govern y el Parlament aprueban normas desde una "perspectiva urbana".

De hecho, Eines nació de la indignación ante una de estas situaciones: en la última convocatoria para acceder a ayudas vinculadas a la Garantía Juvenil, uno de los requisitos era que tenía que haber más de 30 jóvenes en paro en el municipio.

"¿¡Cómo vamos a tener a más de 30 jóvenes parados si no tenemos a 30 jóvenes empadronados!"", exclama Gilabert.

Otro ejemplo, indica, está en la actual ley de vivienda, que impide que los ayuntamientos situados en zonas despobladas penalicen a los propietarios de inmuebles vacíos con medidas como un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Esa decisión, según el alcalde de Montgai, solo es comprensible desde una lógica metropolitana que ignore la escasez de vivienda disponible en los pequeños municipios, que a menudo no encuentran dónde ubicar a potenciales nuevos vecinos pese a tener numerosos inmuebles vacíos.

Gilabert explica que suelen ser casas de antiguos vecinos cuyos herederos ni usan ni ofertan, o inmuebles sin un propietario reconocido sobre los cuales el ayuntamiento no puede actuar.

"Pedimos que nos dejen penalizar a quienes tengan casas vacías para que las vendan o las pongan en alquiler, y también reclamamos que se agilice la tramitación legal para poder transformar las viviendas sin propietario en alquileres sociales", expone.

Desde que se constituyeron en junio, Eines de Repoblament Rural ha mantenido más de una veintena de reuniones con universidades, entidades municipalistas y diputados del Parlament y las Cortes Generales.