PAERIA TRIBUNALES
Fiscalía de Lleida recurre el decreto por el que okupas se empadronan en pisos
A raíz del contencioso del PSC, y como este grupo entiende que no puede regularse con una resolución del alcalde || Pide que la causa vaya directamente al TSJC
La Fiscalía de Lleida ha interpuesto un recurso de reposición contra el decreto de alcaldía sobre el padrón que entró en vigor el 1 de febrero de 2021, cuya principal novedad era que permite a los okupas empadronarse en las viviendas donde residen de forma irregular. Según ha podido saber este diario, Fiscalía argumenta que a pesar de haber sido aprobado a través de un decreto, este no es un acto administrativo, sino una norma general que contiene un reglamento sobre el procedimiento de empadronamiento. El fiscal ha tomado esta decisión dentro de las diligencias abiertas por el juzgado de lo contencioso de Lleida tras el recurso presentado hace meses por el grupo municipal del PSC.
De hecho, su posicionamiento coincide con el del PSC, que sostiene que este cambio no podía tramitarse como un decreto de alcaldía, sino como una ordenanza, lo que obligaría a tener que ser aprobada por el pleno.No obstante, Fiscalía considera que esta causa no debe ser vista por el juzgado de lo contencioso, sino que debe ser instruida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Al respecto, indica que las disposiciones generales de las entidades locales o de las comunidades autónomas son competencia de los tribunales superiores de justicia.El gobierno de la Paeria argumentó la medida de permitir el empadronamiento de okupas en los pisos donde viven irregularmente porque así lo indicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la dirección general de Cooperación Autonómica y Local en las directrices sobre este asunto incluidas en una resolución con fecha del 29 de abril de 2020. El decreto detallaba que una de ellas es que “el padrón debe reflejar el domicilio donde vive realmente cada vecino del municipio, y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio”.
En los primeros tres meses, 250 okupas se empadronaron en pisos.Además, este decreto derogó otro de 2007 que limitaba el máximo de personas que pueden empadronarse en un piso, por lo que ahora no hay límite.