Condenada una red de estafas por internet que operaba desde Lleida

La Audiencia Nacional ha condenado a una red de ciberdelincuentes especializada en estafas por internet que actuaba desde Lleida y que hizo centenares de operaciones fraudulentas. El tribunal ha condenado a penas de hasta ocho años y diez meses de prisión dos de los siete acusados, cinco de ellos residentes en la ciudad de Lleida y de nacionalidad rumana. El tribunal ha considerado probado que esta red de ciberdelincuentes hizo “una multitud de operaciones fraudulentas” como transferencias, compras y cargos de tarjetas.

Así, por ejemplo, mediante un terminal de venta (TPV) de la empresa Agrogrosu, con domicilio social en la partida Torres de Sanui, se realizaron 71 operaciones autorizadas por un importe de 260.983 euros y fueron denegadas 138 operaciones por un valor total de 540.839 euros, según consta en la sentencia. Esta empresa “había sido constituida con la única finalidad de hacer uso del terminal TPV careciendo de actividad real”. La información sobre las tarjetas utilizadas había sido obtenida fraudulentamente a través del sistema conocido como carding, que consiste en que los delincuentes se apoderan de tarjetas bancarias o sus números y realizan pequeñas compras para evitar ser descubiertos.

Se utilizaron tarjetas de 13 países como Noruega, Estados Unidos o Emiratos Árabes. Para ocultar el origen fraudulento transferían el dinero rápidamente a otras cuentas. Asimismo, las acusados usaron tarjetas en las que habían incorporado datos obtenidos mediante engaño a sus titulares a través de phishing, una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para robar datos bancarios personales.

Así, los acusados “habían obtenido mediante este procedimiento datos de tarjetas, adquirieron terminales de venta (TPV) y realizaron las transacciones”. Los acusados han sido condenados por los delitos de falsificación de tarjetas, estafa continuada, falsificación de documento público y blanqueo. Les imponen penas de hasta ocho años y diez meses de prisión.

Además, deberán indemnizar a las entidades estafadas como el Banc Sabadell, Abanca, Servicios Financieros Carrefour y BBVA. A las tres primeras se deberá fijar la cantidad en ejecución de sentencia mientras que al BBVA la cantidad se sitúa alrededor de los 300.000 euros.