La reforma laboral deja en el aire a 64 contratos de proyectos de la UdL

Un total de 64 empleados de la Universitat de Lleida (UdL), que forman parte del Personal de Administración y Servicios (PAS), tienen actualmente un contrato de obra y servicio, que se les acabará el 31 de marzo tras la aprobación de la nueva reforma laboral y que en la mayoría de los casos deberán convertirse en indefinidos. Según la gerencia de la UdL, 58 de estos contratos están vinculados a planes específicos o proyectos de investigación. En toda la comunidad universitaria de Catalunya, la conselleria de Universidades e Investigación calcula que resultarían afectados el 70% de los contratos del ámbito de los Centres de Recerca de Catalunya y el 50% en el universitario, que implica básicamente a investigadores.

Sin embargo, fuentes de la UdL matizaron que “a los 974 contratos de obra y servicio del Personal Docente Investigador (PDI) de la universidad no les afectará la reforma laboral, ya que estos contratos están regulados por otras leyes específicas, la Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Ciencia, Tecnología e Investigación”. En toda la UdL hay 2.059 empleados.Ante la afectación de la reforma laboral a investigadores, la consellera de Universidades, Gemma Geis, explicó ayer que ha enviado una propuesta de real decreto ley a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, para solucionarlo, ya que el fin de los contratos por obra y servicio el 31 de marzo dejará sin cobertura jurídica a buena parte del colectivo. La propuesta plantea modificar la disposición adicional 23 de la actual Ley de Ciencia y establecer la posibilidad de realizar contratos específicos indefinidos mientras dure un proyecto de investigación.

La consellera apuntó que esta figura ya consta en el anteproyecto de la ley de la ciencia española, pero recordó que esta no ha sido aprobada por el gobierno español y todavía le queda todo el trámite parlamentario.Geis se mostró muy crítica con el Ejecutivo estatal, que cree que ha actuado con “irresponsabilidad” y sin tener en cuenta el ámbito de la investigación. Valoró que el resultado final ha sido una “chapuza”.También reclamó el fin de la tasa de reposición, que es del 120%. Geis defendió que esta es la mejor vía para eliminar la precarización, mejorar las condiciones de los investigadores y trabajar por la estabilización y el relevo generacional.