En busca del asesino

Resolver un crimen puede parecer sencillo si uno mira ciertas series de televisión o películas. La realidad, sin embargo, es bien diferente. Detrás de una investigación policial para llegar hasta un asesino hay mucho trabajo y análisis, especialmente si apenas hay pruebas e indicios de la autoría. Las investigaciones pueden alargarse durante años y, por desgracia, algunos pueden quedar sin resolver. Altamente complejos, por definirlos de alguna forma, son los tres últimos crímenes que se han registrado en las comarcas de Lleida, que se produjeron con apenas tres meses de diferencia y que todavía están pendientes de resolver. Una situación totalmente atípica.

Por orden cronológico, el primer caso es el de un cadáver que apareció semienterrado el 13 de octubre del año pasado junto al río Noguera Ribagorçana en Albesa. Todavía no ha sido identificado y no se sabe cuándo se produjo el crimen. El cuerpo llevaba meses enterrado y presentaba un avanzado estado de descomposición. Ninguna denuncia de desaparición se ha podido relacionar con el caso.

Apenas diez días después, dos hombres se presentaron en la comisaría de los Mossos de Lleida para denunciar que alguien había matado al vigilante de la plantación de marihuana que tenían oculta en una casa de Les Borges Blanques. Cuando los policías acudieron a la masía no encontraron el cadáver, aunque sí indicios de violencia. La supuesta víctima es Pol Cugat, un joven de 20 años de Barcelona. Los investigadores hallaron su coche en el campus de Agrónomos de la Universitat de Lleida.

El tercero caso ocurrió el 25 de enero en una zona boscosa de Gualter, en La Baronia de Rialb. Un francotirador disparó desde lejos a Joan Coromina, un empresario de 61 años de Oliana residente en Cervera. El móvil del crimen podría estar relacionado con sus negocios.

En otros casos relativamente recientes, las investigaciones policiales han podido dar con el autor, como ocurrió con el empresario cárnico Josep Puig-Gros, que mató a su cuñado en Torre-serona, o con el asesino de una funcionaria de Educación en su piso en la ciudad de Lleida.

Aparte de estos dos casos, se han resuelto también policialmente el de un vecino de Artesa de Segre que fue asesinado en su casa y del que los asesinos simularon un suicidio, que se juzgará el próximo mes, y el de un hombre que fue asesinado en un piso de la avenida de Les Garrigues en el año 2020.

En cambio, en otros crímenes salió cruz. Es el caso del joven Isaac Martínez, asesinado a tiros en el barrio leridano de Cappont en 2016, o el de Jaume Villalba, un cirujano jubilado de 82 años que el 12 de junio de 2015 fue asesinado en la plaza Amics de Lleida, en la Zona Alta de la capital leridana. Fue apuñalado por un individuo en el pecho.

En ambos casos, los Mossos detuvieron a dos sospechosos que fueron puestos en libertad por falta de pruebas. En este sentido, el subinspector Sergi Mesalles, jefe del Área de Investigación Criminal de Lleida (AIC), comenta que “el crimen de Isaac Martínez está resuelto policialmente pero procesalmente no, porque no fuimos capaces de hallar todos los indicios suficientes para llevar a un sospechoso al banquillo”, aunque recuerda que el caso sigue abierto. En cuanto al segundo, explica que “fue una agresión imprevisible y no se pudieron aportar pruebas sólidas”.

El subinspector afirma que “ante una posible condena de mayor gravedad, la exigibilidad de la prueba debe ser mucho más elevada”. Del mismo parecer es el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, para quien “la prueba por indicios está ampliamente aceptada por los tribunales pero no podemos ocultar que esos indicios deben ser concluyentes y no siempre hay suficientes. Nunca nos valen meras sospechas o conjeturas”.

En casos en los que no hay pruebas concluyentes, se puede condenar a un acusado con lo que se conoce como la prueba indiciaria: un cúmulo de indicios que, aunque por si solos no serían suficientes, considerados en su conjunto adquieren solidez para enervar la presunción de inocencia. Pero existe el riesgo de que el acusado sea absuelto y no pueda volver a ser juzgado por el mismo caso

A finales de marzo se celebrará el juicio por el asesinato de un vecino de Artesa de Segre

Puig-Gros y Lanuza: resoluciones brillantes

Unas investigaciones policiales brillantes han permitido que dos crímenes que causaron gran alarma en Lleida en los últimos años acabaran con sus autores entre rejas. A finales de 2019, la Audiencia de Lleida condenó a 12 años de prisión al empresario cárnico Josep Puig-Gros por matar a su cuñado Eduard Ardiaca tras una disputa por deudas el 19 de junio de 2017 en el obrador que el primero tenía en Torre-serona.

Fue condenado por homicidio después de que las partes llegaran a un acuerdo, aunque los Mossos siempre creyeron que fue un asesinato porque el autor llevaba días planeándolo. Puig-Gros confesó ser el autor un año y medio después de ser detenido. El empresario fue arrestado por los Mossos cuando todavía no había aparecido el cadáver su cuñado.

La familia denunció su desaparición el 20 de junio de 2017 y el cadáver no fue hallado hasta tres días después dentro del maletero de un coche en el barrio de Sants de Barcelona. Sin embargo, Puig-Gros ya llevaba 48 horas detenido en comisaría porque los investigadores sospechaban que podía estar detrás de la desaparición. Otro caso difícil de resolver fue el de la funcionaria de Enseñanza Amparo Soler, de 61 años, asesinada en su piso de la calle Acadèmia de Lleida el 17 de febrero de 2017.

Los Mossos no detuvieron el presunto autor, Jordi Lanuza, hasta tres meses después del crimen. Desde el inicio sospecharon que había sido él porque fue una de las últimas personas que tuvo contacto con la víctima, pero siempre negó ser el autor. Habían quedado para que le instalara la fibra óptica.

El Supremo ratificó la condena de 20 años de prisión y cinco de libertad vigilada por el asesinato. La prueba clave fue que la víctima tenía una gota de sangre con el perfil genético de Lanuza en los pantalones que llevaba cuando la encontraron muerta. El móvil del crimen, según los Mossos, fue económico basándose en que Lanuza pasaba por dificultades de dinero y que su intención era robar a la víctima, que gozaba de una buena posición.

Entrevista a Sergi Mesalles, jefe de investigación criminal

¿Cómo se empieza una investigación por un crimen?

La cronología de una investigación empieza con el escenario del crimen y el cadáver, que son clave porque te empiezan a describir qué ha podido pasar y establecer líneas de investigación, hipótesis, el móvil. Podemos incluso apreciar si ha sido premeditado, por una cuestión emocional, si hay ensañamiento, o es frío. Este es nuestro punto de partida.

¿Hay muchos factores a analizar?

A veces hay mucha información, por ejemplo con testigos, y otros escenarios que son muy complejos como si hace mucho tiempo que se ha producido, si la escena ha sido modificada, etc. Hay muchas variables.

¿Cuál es el siguiente paso?

Construir a partir del escenario y del entorno de la víctima. Quién era esa persona, sus últimas horas de vida, si tenía conflictos o si estaba inmersa en el mundo delictivo. Luego viene la aplicación de técnicas.

¿De qué tipo?

Pruebas científicas o búsquedas tecnológicas, por ejemplo.

¿Los avances técnicos de los últimos años deben haber sido de gran utilidad?

Hay un antes y un después aproximadamente del año 2010 con la llegada de los ‘smartphones’, que significan un cambio desde el punto de vista investigador. Sin embargo, los elementos clave son los clásicos como la lofoscopia (huellas dactilares), las pruebas genéticas, la declaración de los testigos y la acreditación del móvil.

¿Es el caso del asesinato de la calle Acadèmia?

Un descuido que tuvo el autor [una gota de sangre en la ropa de la víctima] fue clave porque en este caso había modificado el escenario. Otros crímenes que se han descubierto muy tarde, se ha deteriorado la escena y hay pocos elementos presentan muchas dificultades policiales y, posteriormente, procesales.

¿Puede ser que haya indicios pero ninguna prueba?

Nosotros siempre vamos de la mano con la Fiscalía y el juzgado. Lo que es evidente es que, a una mayor posible condena, la exigibilidad de la prueba debe ser mucho más elevada.

En Lleida hay dos crímenes relativamente recientes sin resolver. El de Isaac Martínez en 2006 en Cappont y el de un médico jubilado en 2015 en la Zona Alta. En ambos casos detuvieron a un sospechoso pero no llegaron a ser juzgados.

Por decirlo de alguna forma, el crimen de Isaac Martínez está policialmente resuelto pero procesalmente no, porque no fuimos capaces de hallar todos los indicios suficientes para llevar al sospechoso al banquillo. El caso sigue abierto. En cuanto al segundo, es parecido pero fue una agresión imprevisible y no se pudoaportar pruebas.

¿En qué caso los indicios les llevan directamente al autor?

Es curioso pero cuando un asesino prepara un crimen y hay premeditación va dejando indicios o vestigios como en el caso de Josep Puig-Gros.

¿Genera frustración no poder resolver un caso?

Claro, pero hay que aprender a gestionarlo.

A nivel humano, ¿cómo es el trato con la familia de las víctimas?

Tenemos muy claro que la interlocución debe ser de uno o dos policías con las familias y es algo que te acompaña el resto de tu vida. Nosotros, sin quererlo, nos introducimos en su vida en un momento catastrófico y es difícil de gestionar. Es una carga emocional muy importante y una mochila que llevamos encima.

Entrevista a Juan Boné, fiscal jefe de Lleida

¿Cómo se coordinan con los cuerpos policiales?

La relación con las unidades de investigación es constante, tanto del fiscal jefe como de los fiscales que llevan los asuntos. Nos plantean posibles líneas de investigación y estudiamos su dimensión jurídica y así llevarlas ante el juez de Instrucción con garantías de éxito.

Ha habido muchos cambios en estos últimos años, por ejemplo, con la incorporación de las nuevas tecnologías.

Es evidente que la investigación tecnológica hoy es clave en muchos asuntos. Estamos con una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 a la que se le han ido poniendo múltiples “parches” y esta materia necesitaba de una adaptación a los nuevos tiempos que se produjo en 2015 cuando se aprobó una reforma para regular medidas tales como balizamientos de vehículos, acceso a datos electrónicos, grabación de comunicaciones o de imágenes en espacios públicos, registro remoto de equipos informáticos, etc.

Una de las grandes dificultades debe ser que en algunos casos hay indicios, pero no pruebas concluyentes.

Para evitar la impunidad, a falta de una prueba directa, la prueba por indicios está ampliamente aceptada por nuestros tribunales pero no podemos ocultar que esos indicios deben ser concluyentes y no siempre hay suficientes. Nunca nos valen meras sospechas, rumores o conjeturas.

¿Se cierran las instrucciones de casos sin resolver?

Se mantienen, aunque es evidente que el paso del tiempo no ayuda a conseguir el éxito.

¿Cuándo se cierran provisionalmente? ¿Y de manera definitiva?

Llega un momento que el juez aprecia que no hay posibilidad de continuar y dicta una resolución de sobreseimiento provisional que solo suspende la causa y que siempre podrá reabrir salvo que prescriba.

¿La Fiscalía es clave en un crimen con jurado popular porque es la versión más objetiva?

La actuación del fiscal se rige por el principio de imparcialidad y solo buscamos lograr la verdad, tanto si beneficia como si perjudica al acusado.

¿Hay algún caso que lamente especialmente que todavía no se haya resuelto?

La muerte de Isaac Martínez en 2006 en Cappont, pero recientemente nos conmueve especialmente, sobre todo pensando en su familia, la desaparición de un joven en octubre en un plantación de marihuana de Les Borges Blanques.