Justicia quiere tipificar el impago de pensiones como violencia machista

El Gobierno central se ha comprometido a estudiar la propuesta de una jueza de Mataró para tipificar la violencia económica machista como una modalidad de violencia de género, que prevea una reparación integral a las víctimas tanto del daño económico causado como del “daño social”. Así lo anunció ayer la propia magistrada Lucía Avilés, titular del Juzgado de lo Penal 2 de Mataró, en un mensaje en las redes sociales. En una carta, el ministerio de Justicia afirma que valorarán “con todo interés” su propuesta, ya que están “plenamente convencidos” de que erradicar la violencia de género “en todas sus manifestaciones” y garantizar la protección, atención y recuperación de las mujeres que las sufren, a sí como las de sus hijos, “debe ser objetivo prioritario” del Gobierno.

Justicia admite que la ley de 2004 contra la violencia de género “merece ser actualizada y adaptada”. Así. se compromete a tipificar en el Código Penal de forma específica la violencia económica relacionada a la violencia de género.

Esto incluye el impago de pensiones, que ya se castiga penalmente, pero fuera de la ley de violencia de género, y otras formas de violencia económica como el control de las cuentas o el impedimento para que la mujer trabaje. En 2020, la Fiscalía de Lleida abrió un total de 189 diligencias por impago de pensiones, un 32% más que un año antes. Mientras, el 9% de las leridanas que llamaron durante el año pasado al teléfono de atención a víctimas de violencia machista del Institut Català de les Dones (900 900 120) alegaron que sufrían violencia económica por parte de su pareja e incluso hubo un caso de una madre por parte de su hijo.

La mitad de estas víctimas de violencia económica convivían con su agresor.