Quien tenga más de 10 pisos deberá ofrecer un alquiler social a okupas

El Parlament aprobó ayer la nueva ley antidesahucios para afrontar la emergencia habitacional con los votos a favor de PSC-Units, ERC, Junts, CUP y “comuns”, mientras que Vox votó en contra y Cs y PPC no votaron. La PAH de Lleida cree que se podrían evitar unos tres desahucios semanales. La nueva ley regula los supuestos de vivienda vacía y las competencias para requerir a los responsables que adopten las medidas necesarias para que dejen de estar desocupadas y para ordenar su ejecución forzosa en caso de incumplimiento del requerimiento y, en su caso, para sancionar.

También se pasa a considerar grandes tenedores de vivienda a las personas jurídicas que tienen la titularidad de más de diez pisos (antes eran 15). Se fija que los contratos de alquiler social deben renovarse obligatoriamente si, una vez finalizada su duración máxima, los ocupantes todavía se encuentran dentro de los parámetros legales de exclusión residencial. Por otro lado, se hace extensiva la obligación de realizar una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda judicial en relación con cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria y otras demandas de desahucio.

Por último, se amplía la duración mínima de los contratos de alquiler social y se incluyen nuevos elementos orientados a garantizar el acceso de las personas beneficiadas, facilitando la gestión y la tramitación de las solicitudes.También se modifica la ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial y contempla la expropiación de pisos que lleven más de dos años vacíos de forma injustificada. Por su parte, la PAH exigió ayer al Govern que se firmen los 4.000 alquileres sociales que están pendientes en toda Catalunya.