A juicio un urbano por informes falsos para perjudicar al intendente

La Audiencia de Lleida juzgará el próximo miércoles 23 de marzo a un cabo de la Guardia Urbana acusado de falsificar expedientes policiales con el objetivo de perjudicar al intendente. Según la Fiscalía, el agente presentó dos informes contra el intendente con datos falsos. El Ministerio Público solicita que se le imponga una pena de 4 años y medio de prisión por un delito de falsedad en documento oficial.

También pide que se le inhabilite 4 años para ejercer como agente policial. Según la Fiscalía, fue la propia Urbana la que denunció el caso al conocer falsedades en informes que tenían el objetivo de perjudicar al intendente en jefe. De esta forma, según el escrito de la acusación, el cabo hizo dos informes “falsos” en los que señalaba que mandos del cuerpo realizaban sus funciones en estado ebrio.

Concretamente, según la Fiscalía, falsificó dos informes en los que implicaba a dos agentes diferentes en cada uno. Ambos expedientes fueron creados en diferentes fechas de 2019, aunque falsificando también las fechas, y a finales de ese mismo año llegaron a manos del alcalde, Miquel Pueyo. Según la Fiscalía, el cabo sabía que “no era cierto” y “dio apariencia real” a los informes con el objetivo de que el alcalde expedientara al intendente, ya que señalaba que había comunicado al jefe de la Urbana que los agentes trabajaban en estado ebrio y el intendente no hizo nada.

Se da la circunstancia de que cualquier agente de Tráfico, como es el caso del acusado, sabe perfectamente que la única forma de acreditar el estado ebrio de una persona es a partir de una prueba de alcoholemia que él no hizo en ningún momento. La Urbana denunció al cabo ante la Fiscalía, que presentó una querella y, en el marco de las actuaciones judiciales, se pidió a peritos informáticos de los Mossos que hicieran un vaciado que reveló las falsedades. El cabo acusado lleva años de baja desde que se le abriera un expediente por incumplir el régimen de incompatibilidad, después de querer asistir a un detenido como abogado en la comisaría de los Mossos cuando iba uniformado como urbano y estando de servicio.

Los Mossos no se lo permitieron e informaron a la Urbana de la supuesta infracción.