El Govern tiene censadas 666 viviendas vacías en la ciudad y más del 10% están okupadas

La Generalitat tiene censadas un total de 666 viviendas vacías en Lleida ciudad y al menos 78, un 11%, están okupadas. Así lo confirmó a este diario el director de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, que destacó que el número de pisos desocupados ha ido bajando progresivamente desde los años posteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria, pero admitió que el de los que están ocupados ilegalmente “seguramente es mucho mayor de lo que nuestros datos dicen”. Un hecho que atribuyó a que es muy difícil poder determinar qué viviendas están ocupadas legalmente y cuáles no en función la información que facilitan sus propietarios.

“Con los que más dificultades tenemos son, curiosamente, los que más poseen, las entidades bancarias y los fondos de inversión”, indicó. Por este motivo, manifestó que a cifra de las que están okupadas tanto en Lleida como en el resto de ciudades catalanas “es difícil de controlar y muy cambiante, ya que hay okupaciones y desokupaciones a diario”. En cuanto al total de las vacías, Fornt aseguró que las 666 son “el último registro que tenemos, pero también varía mucho de una semana a la otra, aunque los datos son más fiables que los de las okupaciones”.

Como ejemplo de estas variaciones, el ayuntamiento informó el pasado mes de mayo que en la ciudad había un total de 1.150 viviendas que presentaban indicios de estar desocupadas, incluyendo las de pequeños propietarios. Previamente, en diciembre de 2020, había censado en 388 las que eran propiedad exclusivamente de entidades bancarias y de fondos de inversión que estaban vacías y amenazó con aplicarles un recargo del 50% en el IBI si no las cedían para alquiler social. Paralelamente, el director de la Agència de l’Habitatge de Catalunya destacó que en los últimos años este ente ha actuado para reducir el número de viviendas vacías en la ciudad.

“Hemos adquirido por derecho de tanteo 116 y las entidades financieras nos han cedido otras 182 para destinarlas a la atención de emergencia o al alquiler social”, señaló Fornt. En este sentido, añadió que estos ha permitido, junto a las viviendas que destina la Empresa Municipal de Urbanismo (EMU) a este fin, que en la ciudad de Lleida “apenas haya lista de espera para una vivienda de emergencia”. Una circunstancia que califica de “absolutamente inédita si lo comparamos con el resto de grandes municipios de Catalunya”.

Propietarios han cedido 115 pisos al ayuntamiento para alquiler social

El ayuntamiento ha bonificado este año el 90% del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) a un total de 115 viviendas propiedad de entidades bancarias o particulares que las han cedido para alquiler social, según la información facilitada por un portavoz municipal. Esta bonificación fue instaurada precisamente para fomentar esta cesión. El parque de inmuebles destinado a alquiler social está gestionado por la Empresa Municipal de Urbanismo (EMU) y su volumen ha aumentado significativamente en los últimos meses después de que a principios del pasado año el gobierno municipal enviara cartas a los propietarios de más de dos viviendas vacías “sin causa justificada”, que en su mayoría eran particulares, de que sufrirían recargos de hasta el 50% del IBI e incluso podían recibir una sanción económica si no destinaban sus pisos vacíos a alquiler social durante como mínimo cinco años.