El jefe de la Urbana de Lleida acusa a un cabo de falsear informes como 'venganza'

El intendente de la Guardia Urbana señaló ayer en la Audiencia de Lleida que el cabo acusado de falsificar informes lo hizo como “venganza” y para “perjudicarle” después de haberlo expedientado por querer asistir como abogado a un detenido en la comisaría de los Mossos d’Esquadra yendo uniformado, con el arma reglamentaria y estando de servicio. El acusado reconoció que había sido suspendido de empleo y sueldo durante 13 meses, aunque la medida está pendiente de recurso ante el TSJC, y que empezó a cumplir la sanción el 2 de octubre de 2019. Según el intendente, solo unos días después, concretamente el 24 de octubre, presentó una denuncia ante el alcalde de Lleida en la que acusaba al intendente de “pasividad” tras denunciar que había agentes ebrios de servicio.

“Llamé a toda la cadena de mando entre el cabo y yo y ninguno de ellos tenía conocimiento de esos informes. Yo no los he visto en mi vida”, declaró el intendente. Asimismo, añadió que él no tiene ningún problema en investigar conductas incorrectas de los agentes, y explicó que “en 15 años en el cargo he incoado una treintena de expedientes y unas diez informaciones reservadas. Creo en la justicia y cuando veo algo que no está bien, actúo”.

Por su parte, el acusado señaló que presentó los informes en los que relataba que había visto a cuatro agentes, en dos situaciones distintas, bajo los efectos del alcohol porque “ningún superior hizo nada” y que “era mi obligación legal denunciarlo”. El cabo relató que hizo dos informes, uno por unos hechos del 19 de octubre de 2017, en los que vio supuestamente en el parking de la comisaría a un cabo y un sargento ebrios arreglando la rueda de un vehículo, y otro por una reunión de mandos del 23 de noviembre de 2018 en la que hubo una discusión entre un cabo y un sargento y, según el acusado, el primero iba bebido.

Aunque el acusado señala que hizo ambos informes en 2018, los peritos de la Paeria y de los Mossos declararon que no se introdujo ninguna información sobre estos hechos hasta 2019, 23 y 2 dos meses después, respectivamente, de que tuvieran lugar. Asimismo, confirmaron que fueron creados con el usuario del acusado.

La Fiscalía pide 4 años y medio de prisión y otros 4 de inhabilitación

La Fiscalía solicitó ayer que se imponga al cabo de la Urbana una pena de 4 años y medio de prisión por un delito de falsificación en documento oficial, así como cuatro años de inhabilitación para ejercer como policía.

Según el Ministerio Público, ha quedado acreditado que la sanción impuesta por el intendente “removió algo en el interior del acusado contra su superior” y le llevó a presentar una denuncia contra él ante el alcalde, para lo que, añadió, “creó documentación que sabía que era falsa para legitimar su denuncia”. Durante el juicio, ayer declararon diferentes mandos de la Urbana que negaron haber visto nunca antes los informes en los que se acusaba de “inacción” al intendente y se decía que había agentes que iban ebrios estando de servicio. Mientras, uno de los agentes acusados de embriaguez señaló que, cuando le vio el acusado, se encontraba indispuesto por medicación, y negó el consumo de alcohol.

La defensa, por su parte, solicitó la absolución alegando que las denuncias que presentó el cabo son ciertas, que las introdujo en el sistema policial semanas después de presenciar los hechos y que lo hizo porque “nadie hacía nada”.