Luz verde al nuevo Bachillerato que permite el título con un suspenso

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato y que contempla que un alumno que haya aprobado todas las asignaturas excepto una pueda obtener el título y presentarse a la selectividad. La nueva norma entrará en vigor el próximo curso para los alumnos de primero y el siguiente para los de segundo. Detalla que el equipo docente decidirá si un estudiante con una materia suspendida puede presentarse a selectividad y tener el título de Bachillerato si considera que ha alcanzado los objetivos y competencias necesarias y cumple otros requisitos como no haberse ausentado de manera continuada y no justificada de clase, haberse presentado a todos los exámenes y que la media de todas las materias sea igual o superior a cinco.

También prevé que los alumnos puedan pasar primero a segundo de Bachillerato con una evaluación negativa en dos materias como máximo. Por otro lado, el documento también recoge que los estudiantes tendrán exámenes de recuperación, otra diferencia significativa con respecto a la ESO. Otra novedad es que el alumnado podrá matricularse de asignaturas de segundo sin haber cursado la correspondiente materia de primero “si el profesorado que la imparta considera que el alumno reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo”.

En caso contrario, deberá cursar la de primero. En cuanto a las modalidades del Bachillerato, a partir del próximo curso habrá cinco: Ciencias y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; dos bachilleratos de Artes (uno de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y otro de Música y Artes Escénicas); y otro General para los que no quieran centrarse en una especialización concreta. También se abre la puerta a cursar el Bachillerato en tres cursos en casos excepcionales.

Con este decreto culmina el despliegue de la última ley educativa, la LOMLOE.

Aragonès aboga por el consenso sobre el catalán en las aulas

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió ayer “ampliar el consenso” político y parlamentario que existe ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a los centros educativos a impartir un 25% de las clases en castellano, y evitar así que la decisión llegue de un tribunal. Una petición que hace después de que a finales de marzo los grupos de PSC, ERC, Junts y los comuns presentaran una proposición para modificar la ley de Política Lingüística, de la que finalmente Junts se descolgó.

Sin embargo, Aragonès aseguró que Junts le ha trasladado que no se han desmarcado del acuerdo, sino que quieren “ampliar el consenso sumando la adhesión de las entidades del sector y resolver algunas dudas”. Por ello, reclamó honestidad, realismo y decir la verdad “sin hacer proclamas vacías ni llamar a desobediencias que acaban siendo retóricas” así como a priorizar la salud y el aprendizaje del catalán. Por último, Aragonès advirtió que “O el TSJC regula cuál es el papel del catalán como lengua de aprendizaje, y ya sabemos cómo quiere regularlo, o lo regulamos desde el Parlament”.