Solo un 10,9% de las sentencias dictadas en Lleida son en catalán

Solo el 10,9% de las sentencias que dictaron el año pasado los juzgados de Lleida fueron en catalán, según los datos de la conselleria de Justicia. Es decir, de cada diez sentencias, nueve están redactadas en castellano y solo una en catalán. Y no es una situación puntual.

En 2020 fueron el 11,4%, lejos del 25% que se alcanzó en 2014. Pero no es algo que ocurra únicamente en Lleida. En Catalunya, la tendencia es la misma o, incluso, peor.

El año pasado solo el 6,9% de las resoluciones fueron en catalán y tuvieron porcentajes inferiores como Tarragona, con un 3,9%; y Terres de l’Ebre, con un 1,1%. “El catalán está en una situación de franca emergencia”, alertó desde la Seu Vella la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, durante la presentación del nuevo portal jurídico catalán Compendium.cat. Se trata de una herramienta gratuita, fácil de usar y de referencia del lenguaje jurídico en lengua catalana que ha liderado el Consell de l’Advocacia Catalana junto con los departamentos de Justicia y Cultura y en el que participan 15 instituciones de Catalunya y Andorra.

El portal, que se puso en marcha ayer a las 13.00 horas, cuenta con un catálogo de más de 700 recursos de lenguaje jurídico y para este 2022 está previsto ampliarlo hasta los 1.000. Permite la consulta de recursos como diccionarios jurídicos, glosarios, recopilaciones de terminología jurídica, bases de datos terminológicas, manuales de estilo y formularios, entre otros muchos. Anna Arnall, impulsora y responsable del portal, explicó que “se ha creado como una base de datos que aglutina todos los recursos”.

Está dirigido a los profesionales del derecho como abogados, procuradores, notarios, registradores y jueces, pero también a correctores, traductores y personal administrativo tanto de ámbito público como privado que tengan que redactar documentos jurídicos. El presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig, afirmó que “nos queda mucho camino por recorrer hasta conseguir que el uso del catalán, en muchos ámbitos pero especialmente en el de la justicia, esté plenamente normalizado”.Además, la consellera Ciuró explicó que Justicia ha convocado unas nuevas becas “para fomentar que los estudiantes catalanes opositen a jueces, fiscales o letrados”. Serán 600.000 euros anuales para 50 becas, que se ofrecerán a partir del último trimestre de este año “para despertar vocaciones de jueces y fiscales”, y añadió que la voluntad es “dar respuesta al reto que tenemos de movilidad judicial.

Hay que hacer del catalán un requisito y no solo un mérito para jueces y fiscales”.