La Paeria detecta 68 construcciones ilegales en l'Horta de Lleida en solo quince meses

La Paeria incoó el pasado año 45 expedientes de protección de la legalidad urbanística por construcciones ilegales en l’Horta, y su número va en aumento, ya que en los tres meses y medio de este año ha abierto otros 23. Casi todas estas edificaciones, además de carecer de licencia, son ilegalizables porque se encuentran en suelo rústico no urbanizable, donde no están permitidas. Esto comporta que el departamento de disciplina urbanística acabe dictando resoluciones que ordenen la demolición del inmueble o construcciones como por ejemplo piscinas o porches, si tienen menos de 6 años de antigüedad.

Si son anteriores, el ayuntamiento notifica que están fuera de la ordenación urbanística al Registro de la Propiedad, que a su vez lo hace constar en la inscripción de la finca. Además de que en ellas solo podrán hacerse obras de conservación, pero ninguna reforma, afecta a su compraventa (ver desglose). Una de las mayores construcciones ilegales detectadas es la reconversión en dos viviendas de un viejo almacén en la partida de la Femosa y la construcción de una tercera al lado.

También hay piscina, valla perimetral y edificaciones que vulneran la normativa, según el expediente abierto por la Paeria, que ya ha incoado el consiguiente procedimiento de protección de la legalidad urbanística. Los titulares pueden formular las alegaciones y presentar la documentación que consideren conveniente, pero el consistorio les advierte que si se confirma que se han cometido actos no legalizables –como consta en el informe municipal– deberán restaurar la realidad física alterada, es decir, derribar todas las construcciones. Según ha podido saber este diario, la propiedad ya presentó documentación indicando que todas las viviendas estaban dadas de alta en el Catastro y el Registro y que en esa finca había una casa construida antes de 1956, a la que en 1969 se le añadió el almacén.

Sin embargo, los técnicos municipales subrayan que, al margen de que en los archivos no consta ningún permiso para el almacén, la cartografía catastral indica que este ocupaba mucho más terreno que el de la casa original y que su construcción comportó forzosamente el derribo de esta, con lo que se perdió el derecho de vivienda. Su informe es demoledor, ya que concluye que todas las obras efectuadas para habilitar tres viviendas, así como las del resto de construcciones auxiliares, son manifiestamente ilegalizables, lo que conlleva la obligación de derribarlas.

Informe preceptivo de todas las compraventas

La detección de edificaciones ilegales en suelo rústico cada vez es más habitual porque, al margen de las inspecciones que pueda haber de oficio o de las motivadas por posibles denuncias, la normativa establece que cada vez que se produce un traspaso de la propiedad de alguna construcción en suelo no urbanizable, el Registro remite una copia al ayuntamiento, y este está obligado a emitir un informe sobre su situación a nivel urbanístico.

Si está fuera de ordenación –aparte de que si no tiene seis años de antigüedad pueden ser derribados– la normativa establece que este hecho “facultará al adquirente para rescindir el contrato en el plazo de cuatro años y exigir la indemnización que proceda conforme a la legislación civil”. Además, indica que, en el caso de que el ayuntamiento o la administración competente incumpliera la obligación de emitir este informe, entonces el comprador podría pedirle una indemnización por daños y perjuicios si la edificación fuera ilegal. Otro elemento que ha provocado que cada vez se detecten más inmuebles construidos en suelo rústico vulnerando la normativa urbanística es que en los últimos años Hacienda ha recurrido a las fotos aéreas y por satélite para hacer aflorar los que no están declarados en el catastro.