La nueva ley de universidades incorpora microgrados y más derechos al estudiantado

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que marcará "el campo de juego" sin entrar en el detalle del anterior texto de Manuel Castells, incorporará la opción de las microformaciones y dará más derechos a los estudiantes, entre ellos que puedan evaluar la calidad de la docencia que reciben. Acompañado en rueda de prensa por el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha afirmado que esta ley "es la mejor posible" para abordar los problemas de hoy y del futuro, intentado tener un texto que no haya que cambiar "cada cuatro años" sino ir actualizándolo a través de otros mecanismos legales (decretos). "Si todo va bien, nuestra intención es que en las próximas semanas se remita al Consejo de Ministros y entre en el Congreso de los Diputados en este periodo de sesiones (acaba en junio)", ha explicado Subirats, que asumió el cargo hace cuatro meses y medio y desde entonces se ha reunido con comunidades autónomas, estudiantes, sindicatos y trece grupos políticos, entre otros. Su idea ha sido no hacer una ley demasiado reglamentista, porque "cuantos más detalles, más riesgo de generar rigideces. El sistema tiene que ser suficientemente igual, pero atendiendo" también a su diversidad.

Durante la exposición de este último borrador de la LOSU, el ministro ha explicado que se hace un "despliegue significativo de derechos" de los estudiantes, garantizando que podrán controlar la calidad de la docencia que reciben a través de las guías docentes y de la evaluación de calidad de los profesores.

Por primera vez, una ley reconocerá además el derecho al paro académico con lo que el estudiante no se arriesga a ser penalizado por no asistir a clase o a un examen por ese motivo. Además podrán gestionar servicios estudiantiles a través de las fórmulas que se vayan desarrollando y tendrán derecho a recibir atención psicológica y emocional.

En cuanto a la novedad de incorporar "microcredenciales" (pequeñas formaciones), de cuatro a 30 créditos de duración, Subirats ha señalado que se trata de un debate que está hoy en toda Europa para solventar el "desajuste" entre las necesidades formativas y de actualización y una estructura "rígida" de formación. Serán programas propios de corta duración, que admitirán tanto a personas con un título previo como a aquellas que solo tienen experiencia profesional pero pueden acreditar que tienen capacidad de seguir ese curso. "Hay que conseguir que la LOSU sea la palanca para aumentar la atracción a personas de todas las edades a través de una mayor flexibilidad, es decir, programas cortos sin una duración como la de las estructuras tradicionales". Solo un 6 % de los universitarios tiene menos de 30 años.

Entre las principales objetivos de la reforma universitaria, un compromiso de España con la Comisión Europa y condición para recibir fondos europeos, figura el de luchar contra la elevada precariedad laboral entre las plantillas universidad, que de media supera un 40 %. Al respecto, Pingarrón y Subirats han señalado que se trata de que la carrera sea "más predecible y clara". Así, una vez obtenido el doctorado, un contrato de profesor ayudante doctor tendrá una duración de seis años y a su término será evaluado por la Universidad; a continuación habrá una etapa de estabilización que en ningún caso podrá exceder de los diez años.

"Si todo el mundo cumple con lo previsto el profesorado se estabilizará en 10 años y habrá una rebaja muy notable de la edad media de los profesores permanentes", ha añadido Pingarrón.

De acuerdo con la ley, no contratos temporales no excederán el 20 % –hoy en día suponen más del 40 %– se limita la figura del profesor asociado, entre otras medidas, de la que se ha abusado en el pasado, y los funcionarios deberán pasar del actual 51 % al 55 %. En cuanto a los rectores, se mantiene la eliminación de la opción de un comité de sabios para su elección y será elegido como hasta ahora: el sufragio universal ponderado. El texto sí elimina que para presentarse el candidato tenga al menos quince años de enseñanza e investigación en la Universidad.

Otra de las claves de la nueva ley será la internacionalización del sistema universitario español y fomentar la ciencia abierta, de modo que más allá de las publicaciones haya acceso libre a las investigaciones y capacidad de construir proyectos ciudadanos. En cuanto a la financiación, el ministro ha reiterado el compromiso de destinar el 1 % del PIB a las universidades de aquí al 2030. Para ello, "las comunidades autónomas tendrán que jugar su papel, no podemos pedir a las Universidad más esfuerzo si no va acompañado de más financiación".