El Parlament tramita la nueva ley sobre el catalán en las aulas

El Parlament ha aprobado tramitar por lectura única la nueva ley sobre el catalán en las aulas. Durante el primer debate sobre la proposición de ley, ERC, Junts, PSC y comunes –los cuatro grupos del pacto– han alabado el acuerdo. La CUP ha avisado que "a quien legisla es el TSJC", y Vox, Cs y PPC han criticado que el castellano no sea vehicular. La proposición de ley fija que el catalán es el idioma vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y el de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado. También incluye que el castellano se utilizará en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, y que será lengua curricular. El debate y votación definitiva sobre el texto será el viernes. Los grupos tienen hasta hoy a las 12 horas para presentar enmiendas.

El texto también apunta que la enseñanza y el uso curricular del catalán y del castellano tienen que estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos. También incluye que la presencia de las lenguas oficiales "tiene que tener en cuenta la situación sociolingüística general, la de los centros y su entorno, los objetivos de normalización lingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico".

Durante el debate parlamentario, la diputada del PSC-Units, Esther Niubó, ha garantizado que la nueva ley "mejora" el sistema educativo, y que "rehace" un consenso que se había "resquebrajado" los últimos años. La parlamentaria socialista ha añadido que el acuerdo también rompe "la política de bloques", y permite un "mejor cumplimiento" de las sentencias judiciales. Niubó ha subrayado que las lenguas no se pueden defender "unas contra otros", y que se equivoca quien defiende el catalán contra el castellano, o a la inversa.

ERC ha aprovechado el debate para invitar a la CUP a trabajar para sumarse al consenso "desde la diversidad de cada grupo parlamentario pero con la fortaleza de ser capaces de construir juntos". La portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, que ha remarcado también el papel del presidente del Govern en las negociaciones, ha recordado que el Govern aprobará un decreto. Vilalta ha celebrado que el acuerdo representa un 80% de la sociedad catalana, después de haber trabajado por el consenso cuando se había "diluido". Y ha garantizado que combatirán "los que querrían utilizar la lengua de manera partidista para generar conflicto".

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Junts, Mònica Sales, ha aseverado que el modelo de escuela catalana es un "bien a preservar", y que hace falta "hacer frente" a las injerencias judiciales. Sales ha defendido que el consenso por la nueva ley "evidencia" las tres premisas que situó Junts como "principales": el catalán como lengua vehicular, garantizar la inmersión, y proteger a los docentes con acción política. "Hemos hecho un blindaje con todas las garantías", ha asegurado.

"Seguirán intentando tumbar al modelo de inmersión lingüística. Y no lo conseguiréis". Así se ha expresado la líder de los comunes, Jéssica Albiach. La presidenta d'En Comú Podem en el Parlament ha celebrado que el acuerdo por el catalán hace que sea "un buen día para Catalunya", también porque se ha superado "a las viejas lógicas" con un acuerdo transversal de cuatro grupos. Ha remarcado que ha hecho falta "dos meses de negociaciones intensas, de acuerdos y desacuerdos y de trabajar a contrarreloj" y ha lamentado "la imagen de disputas" entre partidos. Finalmente, ha reclamado al Govern que trabaje en el Pacto Nacional por la Lengua y que ponga "más fuerzas e imaginación" para hacer al catalán atractivo para todo el mundo, ya que ha bajado el uso social.

A su vez, el diputado de extrema derecha Joan Garriga (Vox) ha calificado el pacto de "tramposo", porque da una "apariencia de cumplimiento" que es "totalmente inexistente". Garriga ha lamentado que la nueva ley no recoja el castellano como lengua vehicular.

La CUP ha lamentado que "quien está legislando no son los diputados, sino los miembros del TSJC": "No hay ninguna fórmula mágica que permita cumplir la sentencia y al mismo tiempo blindar la inmersión". "Adaptan la legislación a la sentencia del 25%, es decir, convierten en ley la sentencia", lo ha afirmado la diputada, que ha afirmado que "el Parlamento convierte al castellano al vehicular". La diputada también ha criticado que la proposición de ley "traslada la responsabilidad a los centros", precisamente en un momento de gran "presión judicial" y de la extrema derecha. Finalmente, ha criticado que el texto abre la puerta a la segregación escolar en razón de lengua.

Los reproches han continuado con Carlos Carrizosa. El presidente del grupo parlamentario de Cs ha calificado la ley de "fraude jurídico" y de "imposición" a toda la ciudadanía. El líder del partido liberal ha cargado contra el PSC, a quien ha acusado de "apuntalar el régimen nacionalista". Carrizosa ha advertido que Cs recurrirá el texto "hasta donde se pueda", y que instará las acciones penales contra quien desobedezca la sentencia. También se ha comprometido a promover "las reformas legales necesarias" para que toda la sociedad sea "libre".

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha advertido al presidente del PSC-Units, Salvador Illa, que está "a escasos minutos de sumarse a las astucias y jugadas maestras" de los independentistas "para saltarse la ley". Los populares encuentran "grave" que los socialistas se sumen a la proposición de ley, porque creen que es "un subterfugio para no acatar la sentencia judicial" sobre el 25% en castellano. También ha criticado que la proposición "utiliza de escudo" la comunidad educativa.