Suspenden el juicio a un abogado de la Generalitat de Lleida acusado de falsedad documental, a petición de la defensa

La Audiencia de Lleida ha suspendido el juicio previsto para este jueves a un abogado de la Generalitat de Lleida acusado de falsedad documental, a petición de la defensa. En las cuestiones previas, el abogado Carles López ha alegado indefensión durante la fase de instrucción y rechaza a la Generalitat como acusación particular. La fiscalía y el abogado de la Generalitat se han opuesto a la suspensión pero la Sala ha accedido para resolver las cuestiones previas. La fiscalía pide para el abogado de la unidad territorial del gabinete jurídico del Gobierno en Lérida 3 años y medio de prisión y que se lo inhabilite 3 años y 11 meses para|por trabajar a la administración pública. La jueza informará de la fecha de continuación del juicio que tendrá que ser antes de 30 días.

El abogado de la defensa considera que la Generalitat no se puede presentar como acusación particular porque no estaba personada en el procedimiento. Además, alega indefensión al considerar que hubo una "ocultación deliberada" de información durante la fase de instrucción, ya que no se le comunicó a su cliente que estaba investigado hasta el final.

Carles López ha recordado que hay un plazo máximo de instrucción de un año –antes seis meses-, desde que el juez abre un auto de incoación. Pero cuando detienen al hombre, dice, ha pasado casi un año y medio desde el inicio del procedimiento y por lo tanto ya no podía presentar alegaciones, vulnerándose así sus derechos fundamentales de defensa, plantea.

La fiscalía y la acusación particular rechazan esta indefensión al considerar que el procedimiento siguió su curso y que se informó el acusado de que estaba investigado cuando se encontraron indicios que así lo apuntaban. Además, defienden que la Generalitat sea parte en el juicio ya que el acusado trabajaba para ella.

La fiscalía acusa al hombre de falsedad documental en documento público al considerar que utilizó el ordenador y la firma digital de la suya superior para enviar una queja al Consejo General del Poder Judicial. La fiscalía también pide que se imponga al hombre una multa de 5.880 euros y que se lo inhabilite durante 3 años y 11 meses para|por trabajar en cualquier cargo público, de letrado de la Generalitat o como trabajador público a la administración estatal, autonómica o local. Los hechos pasaron el 21 de mayo de 2018.

Según la acusación, el hombre aprovechó que estaba solo en las dependencias de la unidad territorial de Lérida para acceder al despacho de la jefa de Asesoría jurídica. Una vez dentro, hizo uso de la tarjeta T-CAT y de las llaves que la jefa dejaba en el cajón para enviar al Consejo General del Poder Judicial una queja relacionada con un órgano judicial de Lleida. Para hacerlo, utilizó la firma digital electrónica de la mujer "sabiendo que era fraudulento", según la fiscalía. La defensa pide la absolución.