POLÍTICA AYUNTAMIENTO
Apoyo casi unánime del pleno de la Paeria a la candidatura olímpica
Rechaza una moción en contra del Ateneu Popular de La Baula, que tuvo el respaldo del Comú || Los demás grupos dicen que es una oportunidad para el Pirineo
El pleno de la Paeria mostró su apoyo a la candidatura Pirineus-Barcelona a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 al rechazar una moción que pedía su retirada o que el referéndum que hará la Generalitat se haga en todas las comarcas del Pirineo. Recibió el voto en contra de todos los grupos salvo el Comú, que lo hizo a favor. La presentó el Ateneu Popular La Baula juntamente con una decena de entidades y partidos y la defendió el exedil y exdiputado al Parlament por la CUP Pau Juvillà.
Este aseguró que la candidatura “no responde a las necesidades del Pirineo ni del país”, y que su elaboración está siendo “opaca”, a la vez que contradice varios informes técnicos de la Generaltiat sobre los efectos del cambio climático. “El territorio necesita inversiones, pero no se pueden condicionar a los Juegos, eso es un chantaje”, lamentó. Por su parte, el concejal de Deportes, Ignasi Amor (ERC) defendió la candidatura “siempre y cuando el territorio así lo quiera”, haciendo hincapié en que el proyecto “será sostenible”.
Un tono similar empleó el edil socialista Jackson Quiñónez, que recordó que “más de 100 alcaldes del territorio apoyan una candidatura que será un impulso a la economía de Lleida”. El teniente de alcalde Paco Cerdà (Junts) dijo que servirá para “reequilibrar mejor el país” y la edil del PP Maria Antònia Maller lo ve “una oportunidad única para promocionar el Pirineo”. A su vez, la edil de Cs Maria Burrel y la no adscrita Ángeles Ribes defendieron que propiciará establecer sinergias con otros territorios y que más del 60% de la población del Pirineo respalda la candidatura.
El único grupo que respaldó la moción fue el Comú, cuyo portavoz, Sergi Talamonte, dijo que “la candidatura está tocada de muerte y ya no se la creen ni sus propios impulsores”.
Polémica por el nombramiento de un cargo de confianza de Junts
Toda la oposición criticó ayer el nombramiento de Gemma Caballol como coordinadora técnica del área de Participación, ya que esta asumirá nominalmente el cargo pero seguirá siendo cargo de confianza del área de Urbanismo. Algo que tanto PSC como PP y Comú ven “legal, pero reprobable y poco ético” y este último grupo están estudiando llevar el caso a la Oficina Antifraude de Catalunya.
Cabe recordar que ambas concejalías están en manos de Junts y que el cargo estaba vacante desde febrero, cuando fue cesado Francesc Mòdol. El primer teniente de alcalde (Junts), Toni Postius, respondió que su nombramiento ayudará a sacar adelante los últimos proyectos del mandato.
Luz verde a una moción para frenar la okupación de viviendas
El pleno municipal también aprobó seis de las siete propuestas que presentó el grupo municipal del PSC para frenar “la ocupación ilegal y conflictiva de viviendas en Lleida”.
Entre estas medidas figuran la de instar a la Generalitat a hacer una reforma legal para “garantizar y dar cobertura a la actuación policial para desocupaciones de inmuebles ocupados ilegalmente”, así como crear unos juzgados especiales para delitos de ocupación en las demarcaciones con más casos, tipificar especialmente estos delitos y, además, que los cuerpos policiales lleven a cabo un plan especial para acabar con las mafias especializadas en okupación de viviendas. Los grupos que respaldaron la mayoría de los puntos fueron el PSC, Junts, el PP y los tres concejales no adscritos, mientras que ERC y el Comú solo apoyaron dos de los siete puntos de la moción. Por otro lado, también se aprobó por unanimidad y sin debate la moción del Comú que pedía una serie de medidas para mejorar el Centro Histórico a nivel de seguridad, urbanismo, civismo y movilidad, y la celebración de un pleno extraordinario para escuchar lo que proponen para el barrio todos los grupos y entidades.
En otro orden, el pleno también dio luz verde a pedir fondos europeos para la rehabilitación de 2.500 viviendas en 11 zonas donde viven 6.000 vecinos, así como la cesión de un local de la calle Companyia a la escuela Cervantes y la expropiación de parte de tres viviendas para poder desdoblar la avenida Alcalde Rovira Roure.