El Govern aprueba el decreto que rechaza los porcentajes de castellano en las aulas

El Govern aprobó ayer, en una en una reunión extraordinaria del Consell Executiu, un decreto ley que fija explícitamente la “inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza de lenguas” como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunnya (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en castellano. La norma fue publicada horas después en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un día antes de que expire el plazo otorgado por el tribunal para acatar su orden. El Govern asegura que este decreto ley blinda el catalán en la escuela y protege a las direcciones de los centros “de las injerencias de los tribunales”, y a los que hoy enviará instrucciones “muy claras, que dejaran poco margen de duda”, indicó la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

De hecho, remarcó que el decreto ley les da “cobertura jurídica y total” a los centros e incide en que ahora existe un nuevo marco normativo que “fija cuáles son los criterios y los límites de la escuela catalana”. El texto detalla que el departamento de Educación asume la responsabilidad “legal” de los proyectos lingüísticos de los centros, que deberán “revisar y modificar” si es necesario para adaptarse a la normativa. Plaja subrayó que el objetivo es evitar una “regulación monolítica” y añadió que la elaboración de los proyectos lingüísticos “ha de considerar necesariamente el entorno sociolingüístico del centro, los objectivos de normalización lingüística, el respeto a la diversidad cultural y lingüística y los niveles de conocimientos lingüísticos del alumnado que se acrediten mediante pruebas y evaluaciones periódicas”.El texto determina que, “sin perjuicio de la autonomía de los centros educativos, Educación debe validar, en un periodo no superior a 30 días que el proyecto lingüístico se adecua a la normativa vigente e instar su modificación en caso contrario”.

Asimismo, recalca “necesidad extraordinaria y urgente” de aprobar este decreto. La intención inicial de la Generalitat era que el Parlament aprobara antes del decreto la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria que pactaron el PSC, ERC, Junts y los comuns, y que fija el catalán como lengua “vehicular” y el castellano, “de uso curricular”. Sin embargo, PP, Cs y Vox la paralizaron al pedir al Consell de Garanties Estatutàries que emita un informe, que no es vinculante, sobre si la nueva ley se adecúa o no al Estatut.

Junts alerta que esta norma “no parará a la Justicia española”

El portavoz de JxCat, Josep Rius, se congratuló por la aprobación del decreto porque “protege a los docentes y prevé un rechazo explítico a las cuotas”, pero alerta que “no parará a la Justicia española”, que “quiere acabar con la inmersión lingüística”. La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, avanzó que no apoyarán el decreto porque “desafía a los tribunales, no recoge el acuerdo fruto del consenso trabajado por los grupos y no menciona el uso curricular del castellano”. La CUP tampoco votará a favor “porque ni garantiza la inmersión ni protege realmente a los centros”.

El PP cree que “se promueven decretos y leyes ad hoc para saltarse una sentencia y continuar vulnerando derechos” y Cs ya anunció que llevarán el decreto ley ante el Consell de Garanties Estatutàries. La ministra de Educación, Pilar Alegría, afirmó que el TSJC dirá si la respuesta del Govern a su sentencia es “acertada”.