ESNOTICIA
El Govern alega ante el TSJC que es “imposible” acatar el 25% de castellano
El Govern alegó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que su nuevo “marco legal” le impide acatar la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano. Asimismo, Educación envió ayer instrucciones a todos los centros para que revisen que su proyecto lingüístico se adapta al nuevo decreto.
La Generalitat reclamó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que declare la “imposibilidad legal” de aplicar la sentencia que impone un 25% de castellano en las escuelas, ya que el decreto que aprobó el lunes supone un nuevo “marco legal” que impide su ejecución. En el escrito el gabinete jurídico del Govern remitió al tribunal, el día que expiraba el plazo para acatar la sentencia, argumenta que la nueva normativa de la Generalitat, que no fija porcentajes para la enseñanza de las lenguas oficiales, es “incompatible” con la parte dispositiva de la sentencia que obliga a garantizar que el uso del catalán o del castellano no sea inferior al 25% de las horas lectivas.
Asimismo, remarca que para “asegurar la mejor efectividad” de la sentencia “lo que procede” es que se “ordene” a los centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos de Catalunya que revisen sus proyectos lingüísticos para adaptarlos al nuevo decreto. En este sentido, escuelas e institutos recibieron ayer las instrucciones y un cuestionario de siete preguntas (ver información lateral) a través del cual pueden verificar si su proyecto se adecúa a la normativa actual. Tienen 30 días para responderlo, con el asesoramiento de la inspección educativa, y si alguna respuesta no es afirmativa, deberán retocar el proyecto el próximo curso, que finalmente debe ser validado por Educación.
El consellerJosep Gonzàlez-Cambray remarcó que con el decreto han creado “un escudo legal y jurídico” para los centros e insistió en que el departamento asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüístico. Dejó claro que estos “se han de cumplir en las aulas y los docentes no pueden optar por una lengua diferente de la que se explicita en los proyectos. “Un maestro o profesor no puede elegir en qué lengua da la clase”, subrayó.
Cambray defendió que “no hay manera más democrática” de actuar que legislar para proteger a los centros y que el Parlament convalide la normativa. Añadió que han buscado el máximo consenso político y social y que “alejamos a los tribunales de nuestras escuelas”.
Los centros confían en sus planes lingüísticos
Directores de centros consultados por este diario esperan no tener que cambiar demasiado sus proyectos lingüísticos y están a la expectativa de ver si el nuevo decreto les proporcionará cobertura jurídica total.
como asegura Educación. Por su parte, el PSC-Units avisó de que “cualquier instrucción que no dé seguridad y certezas a los centros educativos no es una buena instrucción” y ve “subterfugios para esquivar” la sentencia del 25%. Los comuns avalarán el decreto y creen que “no tiene sentido” que el PSC-Units no lo haga, mientras la CUP considera que el Govern de “ejecuta la sentencia” con las instrucciones que ayer envió a los centros.
El PP acusó a la Generalitat de “prevaricación” y anunció que recurrirán el decreto ante el Tribunal Constitucional, igual que Vox. Y Cs afirmó que llevará a Cambray ante la Fiscalía. La portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, dijo que “todas las administraciones debemos cumplir con los mandatos de los jueces”, señaló, aunque remarcó el “compromiso” de “poner en valor todas las lenguas oficiales del Estado”.
Por su parte, la Plataforma per la Llengua y los sindicatos USTEC, Intersindical y SEPC reclamaron ante el TSJC que se anule la sentencia legando que el presidente de la sala contenciosa-administrativa del TSJC, formada per 25 magistrados, decidió que él mismo formaría parte de los cinco magistrados del tribunal que acordó la sentencia.
Cuestionario
- ¿El proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Catalunya, es la normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje?
- ¿Prevé que el catalán es la lengua de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado?
- ¿Prevé un uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano?
- ¿Incorpora criterios exclusivamente pedagógicos y desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular para determinar la presencia y el tratamiento de las lenguas oficiales?
- ¿Tiene en cuenta el diagnóstico de la realidad sociolingüística del centro?
- ¿Tiene en cuenta los resultados de las pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas, en las diferentes etapas educativas?
- ¿Evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas?
El miércoles 8 el Parlament votará la nueva ley que quedó paralizada
El pleno del Parlament votará finalmente el miércoles de la próxima semana la proposición de ley de uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria pactada por PSC-Units, ERC, JxCat y En Comú Podem. La tramitación quedó parada después de que Vox, Cs y PP pidieran el pronunciamiento del Consell de Garanties Estatutàries.
El plazo para emitir su dictamen finaliza el miércoles 8 de junio, por lo que la junta de protavoces de ayer decidió incluir el debate y la votación de esta ley en el orden del día del pleno del Parlament previsto para ese mismo día.
Una clase del colegio Frederic Godàs, en el barrio de Cappont de Lleida.
Una clase del colegio Frederic Godàs, en el barrio de Cappont de Lleida.
