Dos años prisión para un funcionario de la cárcel de Lleida por abusar de un recluso

J.M.J.A., un funcionario del Centre Penitenciari Ponent que actualmente está jubilado, aceptará hoy una condena de dos años de prisión y ocho años de inhabilitación por mantener relaciones sexuales con un interno a cambio de favores y regalos. Los hechos tuvieron lugar entre 2015 y 2017. Será un juicio por conformidad en la Audiencia de Lleida después de que defensa, acusación particular y Fiscalía hayan sellado un acuerdo.

Será condenado por un delito de abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones. El acusado ha indemnizado a la víctima, representada por el letrado Enric Rubio, con 40.000 euros. De esta forma, y salvo sorpresa, se considera probado que el acusado, que era jefe de módulo, mantuvo relaciones sexuales consentidas con un interno aprovechándose de su posición de poder a cambio de regalos y favores como facilitarle su teléfono móvil particular para que pudiera hacer llamadas a familiares.

Esta situación se prolongó durante dos años.El caso fue denunciado en octubre del año 2018. El acusado fue procesado por el juzgado de Instrucción número 2 de Lleida como avanzó SEGRE el pasado octubre. En su auto, la jueza instructora afirmó que el procesado “abusó sexualmente de forma continuada del interno abusando de su situación de superioridad derivada de que era jefe de la unidad del módulo, donde el denunciante estaba interno”.

La víctima ingresó en el centro en el año 2014. Tras denunciar los abusos, fue trasladado a la cárcel de Lledoners, para evitar represalias. De esta forma, según el auto de procesamiento, la primera ocasión fue cuando un día el funcionario dio “un beso y un abrazo” al recluso después de dejarle llamar por teléfono a su novia.

Así, el acusado propició numerosos encuentros sexuales con el recluso. “A cambio de todo ello, el investigado introducía en el centro regalos que le daba, le dejaba hacer llamadas incluso con su propio teléfono y hasta le hacía fotografías que luego enviaba a su madre para que supiera que el denunciante se encontraba bien”, según la jueza instructora. El caso llega hoy a la Audiencia.

Fue suspendido de empleo y sueldo cuando se denunció el caso

El interno denunció los hechos en octubre de 2018. La dirección del Centre Penitenciari Ponent incoó un expediente disciplinario. Cuando la investigación salió a la luz, el servicio de Inspección de Justicia suspendió al funcionario de empleo y sueldo durante seis meses y tiene abierto un expediente disciplinario, que quedó suspendido a la espera de que se dictara una resolución judicial.

En su momento se investigó si había podido hacer lo mismo con otros internos pero se descartó. El Centre Penitenciari Ponent cuenta con 536 internos, según los datos del departamento de Justicia a 1 de junio. Del total de reclusos, 442 están cumpliendo condena y 94 están en prisión preventiva.

Por sexos, hay 503 hombres por 33 mujeres, representando solo un 6,15% de la población reclusa. Cuatro de cada diez (un 41,57%) están privados de libertad por delitos contra el patrimonio, un 19,29% por delitos contra la seguridad colectiva y un 8,24% por violencia de género, entre otros. Además, hay 107 personas en el Centre Obert de Lleida.