El abogado acusado de suplantar a su jefa, absuelto por indefensión

La Audiencia de Lleida absolvió el lunes in voce a J.M.H., el abogado de la Generalitat acusado de suplantar a la abogada jefa en Lleida para presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se enfrentaba a una petición de tres años y medio de prisión y tres años y 11 meses de inhabilitación como presunto autor de un delito de falsedad de documento público. El tribunal considera que hubo indefensión del acusado porque conoció su imputación cuando ya había terminado la instrucción del caso, estimando así la petición que hizo el abogado de la defensa, Carles López, en la vista de diligencias previas que se celebró el pasado 26 de mayo.

López explicó ayer a este periódico que “el Tribunal Supremo dictó el año pasado una sentencia que ha creado jurisprudencia que determina que, si el investigado declara fuera del plazo de instrucción, el procedimiento debe ser declarado nulo porque hay indefensión”. En el caso del abogado de la Generalitat, el período de instrucción era de seis meses y se ha acreditado que no fue detenido y conoció que estaba imputado hasta un año y medio después del inicio del proceso. Carles López añadió que “se trata de la primera sentencia que dicta la Audiencia de Lleida en este sentido”.Concretamente, los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2018 en la delegación de la Generalitat.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, J.M.H., abogado de la Unidad Territorial del Gabinete Jurídico en Lleida, “accedió al despacho y a la estación de trabajo y perfil del usuario de M.A.B.F. jefa de la Asesoría Jurídica de la Unidad Territorial del Gabinete Jurídico sin su consentimiento, y haciendo uso de la tarjeta TCAT y las claves que M.A.B.F. dejaba en un cajón, envió al Consejo General del Poder Judicial un documento-queja en relación a un órgano judicial de Lleida, empleando a sabiendas fraudulentamente la firma digital electrónica de la tarjeta de M.A.B.F.”.

En julio se empezó a investigar el caso. Sin embargo, el letrado no fue arrestado y conoció que lo investigaban hasta septiembre de 2019. La sentencia no es firme y la Fiscalía y la acusación particular podrían recurrir.