Plan de la UdL para reducir un 25% su consumo energético en dos años

La Universitat de Lleida (UdL) quiere reducir su consumo energético al menos un 25% en dos años, para hacer frente tanto al encarecimiento de la electricidad, el gas natural y el petróleo como por el aumento del consumo de las instalaciones universitarias, ya que la superficie construida ha crecido en casi 10.000 m² en 8 años. El consejo de gobierno aprobó ayer un plan de ahorro energético que prevé invertir 600.000 euros en instalar más placas fotovoltaicas, sensores lumínicos en puntos estratégicos, sustituir bombillas convencionales por leds y optimizar los sistemas de climatización. También prevé ajustar horarios de apertura y de iluminación de espacios como bibliotecas y salas de estudio, y divulgar entre la comunidad universitaria mensajes de sensibilización sobre la emergencia energética.

“Muchas acciones tendrán éxito si los usuarios se implican de forma activa”, afirmó el vicerrector de Infraestructuras, Narciso Pastor. Por otra parte, el consejo aprobó la liquidación del presupuesto de la UdL de 2021, que cerró “de forma equilibrada”, indicó la gerencia. Los ingresos fueron de 98,9 millones, frente a los 93,7 de 2020, y una obligaciones por un importe de 93,3 millones (91,7 en 2020).

El remanente de tesorería fue de 122.001 euros, mientras que en el año anterior fue 22.980. El gerente, Ramon Saladrigues, indicó que la liquidación prevé ingresos procedentes de los fondos europeos Next Generation, que empezó a recibir en 2021 y ejecutará este ejercicio y los siguientes. Asimismo, los ingresos por matrículas de grado, máster y doctorado fueron un 10% inferiores por la reducción de los precios públicos.

En cambio, las transferencias corrientes recibidas aumentaron un 6% y un 53% las transferencias de capital, por la mayor captación de fondos para investigación.Respecto a los gastos, la partida de personal fue la que más se incrementó, en 1,7 millones, y llegó al 73,6% del total. El gerente señaló también que “la recuperación gradual de la actividad presencial después de un 2020 con docencia virtual hizo que las compras de bienes y servicios aumentaran un 16%”. Dijo que el plan de reequilibrio presupuestario y el esfuerzo de la comunidad universitaria han dado “buenos resultados”, pero señaló que la situación económica “no es aún la deseable”, puesto que el presupuesto de 2021 se redujo en 3,2 millones.

“La financiación universitaria se ha de incrementar para que la UdL pueda prestar la docencia, investigación y transferencia con calidad”, apuntó.

Catalunya, con la segunda menor financiación por estudiante

Catalunya es la segunda comunidad autónoma (por delante de Madrid) con menor financiación pública por estudiante, con 5.306 euros, y la tercera en relación al PIB, con un 0,38%, según un informe del Observatorio del Sistema Universitario, con datos del curso 2019-2020.En cambio, es la autonomía en la que las universidades ingresan más por las matrículas de los estudiantes: 2.196 por alumno por delante de los 1.840 de Madrid y los 1.234 de la media española. Añade que las tasas “siguen siendo altas pese a las bajadas” decretadas.nEl Gobierno central aprobó ayer el texto de la nueva ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que deroga la aprobada hace dos décadas por José María Aznar y que busca remediar la infrafinanciación de las universidades desde la crisis del 2008 y el deterioro de las condiciones de trabajo de sus plantillas.

Irá la próxima semana al Congreso y se prevé que entre en vigor el primer semestre de 2023. Obligará a que los contratos temporales no excedan el 8%, frente al 40% que permite la legislación vigente, y ordena a las universidades a dedicar al menos un 5% de su dinero a investigación propia. Reconoce por primera vez a los estudiantes el derecho a huelga sin que la no asistencia a clase o examen implique una sanción.

Prevé formación mediante microgrados y otros programas de corta duración.

Aprobado el texto de la nueva ley universitaria, en vigor en 2023

nEl Gobierno central aprobó ayer el texto de la nueva ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que deroga la aprobada hace dos décadas por José María Aznar y que busca remediar la infrafinanciación de las universidades desde la crisis del 2008 y el deterioro de las condiciones de trabajo de sus plantillas. Irá la próxima semana al Congreso y se prevé que entre en vigor el primer semestre de 2023.

Obligará a que los contratos temporales no excedan el 8%, frente al 40% que permite la legislación vigente, y ordena a las universidades a dedicar al menos un 5% de su dinero a investigación propia. Reconoce por primera vez a los estudiantes el derecho a huelga sin que la no asistencia a clase o examen implique una sanción. Prevé formación mediante microgrados y otros programas de corta duración.