Menos exámenes y una “prueba de madurez académica” para la nueva selectividad

Menos exámenes y una “prueba general de madurez académica” que supondrá el 75% de la nota final. Esta es la propuesta que la ministra de Educación, Pilar Alegría, presentó ayer a las comunidades autónomas para la nueva selectividad, con la que se replantea de forma radical la estructura actual de la prueba para adaptarse a la nueva ley educativa estatal. En líneas generales, la propuesta del ministerio plantea que se haga un examen de una materia obligatoria de la modalidad elegida por el alumno en Bachillerato que suponga un 25% de la nota final, una prueba general de madurez académica que integre “las destrezas de las materias comunes” de segundo de Bachillerato (Historia de la Filosofía, Historia de España, Lengua castellana y literatura, Idioma extranjero y, en el caso de Catalunya, Lengua catalana y literatura) que suponga el 75% restante y dos exámenes optativos a elegir entre cualquiera de las asignaturas que haya hecho el alumno en Bachillerato, sean de las obligatorias o específicas.

Alegría pretende que el cambio de modelo de selectividad se haga de forma “paulatina y gradual” para favorecer la adaptación del alumnado y del profesorado “con las debidas garantías”. Para ello, propone que el modelo actual se mantenga tres años en “tránsito” hasta que entre en vigor el definitivo el curso 2026/2027 en los que el alumno harça cuatro ejercicios que tendrán la misma ponderación (un 25% de la nota). En concreto, un examen será específico sobre la modalidad obligatoria elegida, dos de materias comunes (Historia de la Filosofía e Historia de España) y un cuarto ejercicio, de carácter general, en el que se valorarán las destrezas sobre lenguas.

Respecto a cómo será esta prueba, por el momento solo se ha detallado que consistirá en varios documentos sobre un tema que el alumno deberá analizar desde varios puntos de vista y responder preguntas al respecto. Paralelamente, la nueva selectividad que plantea Educación descarta la prueba única para toda España que piden los conservadores, pero propone acuerdos que permitan a los territorios elaborar pruebas que sean homologables entre ellas. Precisamente, comunidades como Castilla y León o Andalucía, gobernadas por el PP, ya han rechazado estos cambios por no tener esta prueba única “que fomente la igualdad”.

Por contra, Asturias, gobernada por el PSOE, y la Asociación de Colegios Privados e Independientes valoraron muy positivamente el nuevo planteamiento.