SERVICIOS ADMINISTRACIÓN
La Paeria completará en octubre los trámites para asumir la zona azul
Prevé aprobar en el pleno el cambio de modelo y encargar la gestión a la EMU, para que sea efectiva el 1 de enero de 2023|| También cambiará los parquímetros
La zona azul de la capital será de gestión municipal a partir del 1 de enero de 2023.
La Paeria tiene previsto completar en octubre toda la tramitación administrativa para municipalizar la zona azul y el servicio de grúa, ahora en manos de la concesionaria Eysa, para que esté en marcha el 1 de enero de 2023, según confirmaron fuentes municipales. Desde su creación en 1984, la zona azul siempre han sido gestionada por concesionarias.
Actualmente, está en exposición pública el reglamento regulador del servicio y la memoria justificativa sobre la capacidad del consistorio de hacerse cargo, trámites que fueron aprobados inicialmente en el pleno de julio. El plazo para presentar alegaciones finaliza el 13 de septiembre y, si se reciben, está previsto resolverlas de forma urgente.
El ayuntamiento convocará una comisión de Urbanismo para el día 21 en la que se tratará esta cuestión y en el pleno del 7 de octubre (en septiembre no habrá porque el último viernes de mes coincide con la Fira de Sant Miquel) prevé aprobar definitivamente el cambio de modelo de gestión de la zona azul para encargarlo a una sociedad municipal.
En la sesión plenaria también se facultará a la junta de gobierno local para aprobar el encargo de gestión a la EMU, una vez que haya modificado sus estatutos, cuya propuesta de cambio ya está elaborada.
El siguiente paso será la emisión de un decreto de alcaldía autorizando a la EMU a ser medio propio, exponerlo públicamente durante veinte días hábiles y convocar el consejo de administración de la EMU para dar luz verde a la modificación de estatutos. La municipalización comporta también asumir la plantilla actual de Eysa, de unas sesenta personas.
Paralelamente, gracias a fondos Next Generation la Paeria sustituirá los actuales parquímetros por máquinas nuevas que se alimentarán con placas fotovoltaicas integradas y requerirán la introducción obligatoria de la matrícula del vehículo para poder aplicar tarifas según la etiqueta ambiental de la DGT de la que disponga, es decir, en función de cuánto contaminen.
En 2015, el entonces gobierno del PSC acordó con ERC la municipalización, pero se echó atrás y en 2018 la sacó a concurso. Sin embargo, una empresa recurrió las bases y el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público obligó a volver a comenzar desde cero.
Tras el cambio de gobierno, ERC y Junts apostaron por un nuevo concurso, lo que el Comú rechazaba y, finalmente, ahora sí se está llevando a cabo la municipalización.
