Trabajo impuso en julio una multa de 420.000 euros a Glovo en Lleida

La Inspección de Trabajo ha impuesto una multa de cerca de 79 millones de euros a la empresa de reparto a domicilio Glovo. El cuerpo ha regularizado más de 10.600 falsos autónomos, según ha explicado este miércoles por la mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha acusado la compañía catalana de dos actuaciones "gravísimas", por una parte, "vulneración de derechos fundamentales a trabajadores" y, de la otra, "obstrucción a la tarea de la inspección", en declaraciones en el Congreso antes de la sesión de control. Las multas anunciadas este miércoles se refieren a actuaciones anteriores a la llamada 'ley rider', ya que el periodo inspeccionado se alarga desde el 2018 hasta el 2021.

El importe notificado incluye no sólo las propuestas de cuotas en la Seguridad Social sino también una sanción para cada repartidor. La sanción en Barcelona sube además de 39 millones de euros por falta de altas a la Seguridad Social, y a más de 24 millones por liquidación de cuotas, según ha informado CCOO. En total, en las comarcas barcelonesas se han regularizado 8.331 trabajadores, 7.059 de los cuales son hombres y 1.272 de los cuales mujeres.

A estas cantidades se tienen que sumar las sanciones impuestas en julio de este mismo año en Tarragona, de casi 569.000 euros; en Lleida de 420.000 euros y en Girona, de más de 1 millón de euros.

"En un estado social y democrático derecho las empresas también tienen que cumplir la ley", ha dicho Díaz, que ha avisado de que "el peso de la ley caerá sobre esta empresa".

La empresa propiedad de Delivery Hero ha respondido a las acusaciones de Díaz todo afirmando que durante el periodo de inspección", Glovo pidió ampliar y aportar sus pruebas, reflexiones y valoraciones así como diferente documentación, cosa que fue rechazada por la inspección de trabajo y pospuesto cuando el acta ha estado presentada".

Por este motivo, han considerado que "se trata de una resolución unilateral", ante la cual la empresa presentará sus alegaciones.

Entidades en defensa de la laboralidad de los repartidores como RidersxDerechos han celebrado la actuación inspectora a pesar de considerar que llega "tarde", y que esta dilatación del proceso permite que las empresas de reparto "se salten la ley" durante años. De la misma manera, el portavoz de la entidad, Dani Gutiérrez, reclama que ahora se abra "un juicio penal" para perseguir las vulneraciones de derechos laborales que ha llevado a cabo la empresa catalana en los últimos seis años.

CCOO también ha valorado positivamente la actuación de la Inspección y ha remarcado que "desde Barcelona se ha liderado el proceso de inspección y organización de las reclamaciones".