De la emoción a la decepción

El quinto aniversario del referéndum del 1-O llega cuando las principales formaciones soberanistas, ERC y JxCat, exhiben su profunda división sobre la estrategia para que Catalunya pueda lograr la independencia o, como mínimo, votarla en una consulta, hasta el punto que la continuidad de su Govern de coalición pende de un hilo.

La lucha fratricida se une a la falta de avances efectivos, aumentando el desencanto entre los independentistas que hace 5 años votaron con la ilusión por bandera en una jornada que ha pasado a la historia como uno de los episodios de mayor solidaridad ciudadana en Catalunya, incluso en Europa, y, también, como una de las mayores cargas policiales contra la ciudadanía desde la recuperación de la democracia en España. Ambos extremos, demostración democrática y embestida policial, fueron seguidos por observadores internacionales.

El Tribunal Constitucional había prohibido el referéndum como medida cautelar tras recibir cuatro recursos en su contra y días después de la consulta confirmó su inconstitucionalidad. El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) estaba decidido a impedir que los catalanes votaran, al contrario de lo sucedido el 9 de noviembre de 2014. Por ello, la jornada no comenzó al amanecer, sino mucho antes.

Una red de decenas de voluntarios custodiaron durante días 13.000 urnas en Lleida que habían cruzado la frontera con Francia por carretera y la mayoría llegaron con precinto de color coral a las sedes habilitadas como colegios electorales. Los Mossos vigilaban los colegios que no habían podido clausurar mientras Policía Nacional y Guardia Civil se preparaban para intervenir. El 1-O se saldó con 123 heridos en Lleida (según Salud) en once cargas en Lleida ciudad (en la Caparrella; Bienestar Social; EOI; CAP de Cappont y Escola d’Adults de la Mariola), Alcarràs, Soses, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Menàrguens y Ponts. Las consecuencias de la consulta aún se arrastran.

La persecución de los líderes independentistas no ha tenido tregua. A los quince días, Jordi Cuixart (Òmnium) y Jordi Sànchez (ANC) eran encarcelados. También 9 miembros del Govern que se quedaron, mientras 7 se fueron al extranjero. El juez del Supremo Manuel Marchena juzgó a 12 de los dirigentes y les condenó a entre 9 y 13 años de cárcel por delitos de sedición y, en algunos casos, de malversación. Fueron indultados por el Gobierno en 2021. Otros tres exconsellers fueron condenados por desobediencia.

El ‘sí’ ganó con un 90% de votos en Catalunya y un 93% en Lleida

“¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de república?”. Esta era la pregunta. Según el recuento final para toda Catalunya en base a las papeletas verificadas, La participación fue del 43,03%, con 2.286.217 votantes.

El sí obtuvo un 90,18% de votos y el “no”, un 7,83%. Un 1,98% fueron en blanco. En Lleida, hubo 156.218 votos y el sí ganó con un 93% tanto en el llano como en el Pirineo.

Imputados 33 alcaldes leridanos y dos de ellos condenados

Del total de 33 alcaldes de Lleida que fueron imputados por desobediencia al facilitar la votación en sus municipios, solo Miquel Serra (entonces alcalde de Alcarràs) y Bernat Solé (Agramunt) fueron condenados. Serra, a 3 meses de inhabilitación para cargo electo y 450 € de multa.

Solé, a un año de inhabilitación y multa de 16.800 €. Recurrió la sentencia y El Supremo decidirá el 16 de noviembre.