TRIBUNALES REFERÉNDUM
Òmnium pide 3 años para un policía por la carga en la Mariola el 1-O
Acusado de atacar a Enric Sirvent, que sufrió un ataque al corazón|| Será la acusación popular en una causa que la Audiencia ha denegado archivar en dos ocasiones
Òmnium Cultural ejercerá la acusación popular en el caso de Enric Sirvent, el vecino de Lleida que sufrió un ataque al corazón durante una carga de la Policía Nacional durante el referéndum del 1-O mientras defendía el colegio electoral centro cívico de la Mariola. La entidad solicitará una condena de tres años de prisión por un delito de lesiones con el agravante de motivación ideológica y de prevalencia del carácter público del agente. En el mismo sentido lo hará la familia de Sirvent, que ejerce la acusación particular y está representada por la letrada Anna Llauradó.
La abogada explicó ayer a este periódico que “también pediremos tres años de prisión así como su inhabilitación, en la línea de la acusación popular”. El caso llegará a juicio pese a los reiterados intentos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para archivarlo. Además, es la primera vez que un agente de la Policía Nacional se enfrentará a peticiones de prisión por un delito de lesiones durante las cargas del 1-O.
Hasta ahora, todos los agentes que se han sometido a un juicio lo han hecho por faltas leves. “No podemos permitir que 5 años después del 1-O, con más de 1.000 heridos, todavía no se haya condenado a ningún integrante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni a ningún responsable político”, dijo el presidente de Òmnium, Xavier Antich, “por eso seguimos personados en diversas causas en toda Catalunya para que la violencia del 1-O no quede impune”. “El caso de Enric Sirvent tiene un gran valor porque simboliza la persistencia de las víctimas: Enric murió hace dos años, pero sus herederos no han desfallecido hasta conseguir sentar en el banquillo de su agresor”, añadió Antich.
El juzgado de Instrucción 2 dictó dos veces el archivo de la causa y, en ambos casos, la Audiencia se opuso a ello. Òmnium denuncia que, durante todo el procedimiento, tanto la Abogacía del Estado como el Ministerio Público “han tenido una conducta centrada en obstaculizar la instrucción y la investigación”. La práctica totalidad de las investigaciones judiciales se han archivado o, si han llegado a juicio, se han dictado sentencias absolutorias.