ESNOTICIA
La Síndica de la Paeria constata que en Lleida hay bandas organizadas de okupas de pisos
Las okupaciones de viviendas “en muchos casos no tienen nada que ver con la necesidad, sino con un negocio y un drama para el resto de vecinas y vecinos”. Así lo asegura la Síndica de Lleida, Dora Padial, en su informe anual, en el que lamenta que el sistema judicial “se muestra incapaz” de solucionar la problemática que generan estas mafias.
Una patrulla de agentes de la Unidad Ciclista de la Urbana haciendo una ronda de vigilancia en un inmueble okupado de Alfred Perenya.
La Síndica de Greuges de Lleida ciudad, Dora Padial, asegura que las okupaciones de viviendas en la ciudad “en muchos casos no tienen nada que ver con la necesidad, sino con un negocio y son un drama para el resto de vecinas y vecinos, una verdadera problemática para todo el país”. Así lo constata en la memoria anual que presentará hoy en el pleno del ayuntamiento, en la que remarca que “las ocupaciones por bandas organizadas han sido sin duda un reto para el equipo de la Sindicatura”, ya que “el sistema judicial se muestra incapaz de solucionar el problema de las ocupaciones por mafias”. Una problemática que la Síndica de Greuges pone en contraste con la falta de viviendas sociales no solo en Lleida ciudad, sino en el conjunto del Estado, destacando que ambas son “problemáticas material y legalmente no resueltas”. Sobre las ocupaciones ilegales, Padial añadió que “cada vez más propietarios particulares” las sufren.
En la memoria anual también detalla que en 2021 recibió 3 quejas por ocupaciones ilegales y 14 en relación a problemas en viviendas. Esta no es la primera vez que la Síndica denuncia okupaciones ilegales por parte de mafias. En junio del año pasado, Padial, Paeria y Generalitat defendieron el desahucio de una docena de familias que okuparon varias viviendas de un bloque de pisos en La Bordeta por los problemas que generaban. La Síndica aseguró que era una “casa de los horrores”, que la conducta de los okupas era delictiva y que tenían “atemorizados” al resto de los vecinos. En su informe elogia a las tres “mujeres valientes” que se atrevieron a denunciar este abuso.
Por otro lado, el alcalde, Miquel Pueyo, aseguró ayer en la emisora Ua1 que el ayuntamiento tiene identificadas 40 okupaciones ilegales de vivienda y ha pedido el desalojo en las que hay problemas de convivencia. Añadió que la noche del miércoles al jueves la Urbana evitó la okupación de un piso de la calle Júpiter, en la Mariola.Desde marzo de 2021, la Paeria ha tramitado casi 1.500 solicitudes de personas sin domicilio fijo u okupas para empadronarse en las viviendas en las que residen.
Joan Carles Moreno, subinspector guardia urbana
- ¿Cómo conocen que una vivienda puede estar okupada? La mayoría, por quejas de los vecinos. El siguiente paso es hacer la comprobación e identificar a las personas que viven allí. Después contactamos con los propietarios, que pueden ser un particular, un banco o una inmobiliaria para que denuncien e iniciar el proceso judicial. También se abre un proceso administrativo con la Paeria, que valora si es habitable y si hay que tomar alguna medida.
- ¿Cuáles son los mayores problemas que causan? Problemas con vecinos por ruido, suciedad, insalubridad y, en muchos casos, porque tienen la luz pinchada.
- ¿Qué deben hacer los vecinos? Aportarnos todas las quejas, lo que no hay que hacer es enfrentarse con ellos.
- ¿Se da aviso a los servicios sociales? Sí. Les informamos de la situación de cada caso para saber si hay personas vulnerables.
Vigilancia periódica en los inmuebles donde hay incivismo
La Guardia Urbana hace periódicamente patrullaje en las calles donde saben que hay inmuebles okupados, especialmente en aquellos inmuebles donde se registran casos de incivismo. Es el caso del número 92 de Alfred Perenya, donde han llevado a cabo múltiples actuaciones. Asimismo, desde la Policía Local explican que hay okupas que afirman que han pagado para acceder a la vivienda pero que son reacios a dar más información. “No quieren explicar ningún detalle, por lo que nos imposible comprobarlo”, comenta el subinspector de la Urbana, Joan Carles Moreno. Tampoco se han encontrado con la situación contraria. Es decir, personas que se dedican a evitar okupaciones o, incluso, a echar a los okupas de los inmuebles. Sin embargo, el caso de Nosa Richard Omorede, el joven de Lleida de 22 años asesinado hace un año y cuyo cadáver fue hallado en Albesa, ha puesto al descubierto que sí que existe esta problemática, por mínima que sea. La víctima vivía de okupa en un piso de la calle Penedès. Los “vigilantes” del bloque le habrían pagado 4.000 euros para que se fuera. Según los Mossos, son los asesinos.
