Salvador Illa: «No hay 20.000 millones de déficit fiscal, ni mucho menos»

Son el primer partido del Parlament con los mismos escaños y más votos que ERC, pero no piden ni elecciones ni cuestión de confianza tras quedarse sola Esquerra en el Govern. ¿Por qué?

Lo que queremos es que el Govern haga el trabajo que toca, y lo más importante es tener presupuestos el 1 de enero, por eso no pedimos elecciones. Es obvio que estamos ante el Govern más débil de la historia del autogobierno de Catalunya, por lo que debe partir de esta realidad.

Si no hay presupuesto, ¿deben convocarse elecciones?

La responsabilidad es del señor Aragonès, yo puedo hacer poco más que lo que hago.

Puede presentar una moción de censura.

No tengo ningún interés en rescatar a un Govern que ha colapsado, sino en ayudar y rescatar a Catalunya con el presupuesto y con otras materias.

Si Aragonès no es capaz de gobernar deberemos ir a un horizonte diferente.

¿Cree que si dependiera de Aragonès ya negociaría con el PSC y que es Junqueras quien lo evita?

A veces he visto posiciones diferentes, pero por lo que respecta al Govern debo atenerme a lo que dice Aragonès, que es el presidente, y no digo más para no hurgar en ninguna herida.

¿Considera que la ‘trencadissa’ entre los partidos independentistas supone el fin del ‘procés’?

No lo diría así.El momento actual exige buscar acuerdos y política útil, que es constructiva, y creíble. ¿Es creíble la política del señor Aragonès? La CUP le ha dicho que no se fía y Junts, también. Es importante que cuando lleguemos a un acuerdo lo cumplamos. Yo hago política útil y por eso estoy dispuesto a una negociación presupuestaria.

¿El ‘procés’ no es política útil?

Quiero ser respetuoso. Aún hay en Catalunya mucha gente que no siente cómoda con cómo están las cosas. Hemos de trabajar en el refuerzo del autogobierno. No diría que el ‘procés’ se ha acabado, pero sí que estamos en un momento con necesidades diferentes y hay que buscar acuerdos. Es muy difícil un acuerdo con algunos partidos sobre la relación con España o Europa, pero en infraestructuras o política social estoy dispuesto a llegar a acuerdos.

En este contexto, ¿hay que reformar ya las penas por sedición?

Lo que decimos los socialistas es de sentido común: actualizar el código penal tomando en consideración lo que pasó hace 5 años y el derecho comparado europeo. No es para beneficiar a nadie, es de sentido común.

Con la ley de Política Linguïstica que pactaron, ¿la lengua castellana es o no vehicular?

Por respeto a la verdad, está claro. La ley fija que el castellano es curricular y un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries dice que uso curricular equivale a lengua de aprendizaje o vehicular. El catalán es el centro de gravedad de la escuela, pero las dos son vehiculares. ¿Y quién debe decidir en qué medida? Los responsables de cada centro en base a su proyecto educativo y la realidad de su entorno.

No estamos a favor de porcentajes, pero tampoco de confrontar decisiones judiciales, por lo que si acaban siendo firmes habrá que respetarlas.

El conseller Gonzàlez-Cambray ofrece una versión distinta.

Intentar hacer política con la lengua es un mal camino. Tenemos la riqueza de ser una sociedad bilingüe y los que quieren sociedades monolingües en un sentido u otro se equivocan.

¿Invierte poco el Estado en Catalunya o ejecuta poco la inversión?

El problema es más de ejecución; hay un claro recorrido de mejora. La de la Generalitat está al mismo nivel que la del Gobierno de España.

Hay cuestiones como que muchas empresas se lo piensan a la hora de concurrir a una licitación por el alza de costes. Otras como que el sistema es garantista quizás en exceso. Y en los últimos años no se ha hecho bien el trabajo ni en un lado ni en el otro.

Aquí falta más liderazgo del Govern. Cuando los ayuntamientos de Sabadell y Terrassa llegan a un pacto sobre un tramo de la B-40, el Estado dice que da el dinero a la Generalitat para hacerlo mediante un convenio y, horas antes de su firma, Aragonès ordena al vicepresidente que no acuda porque un representante de ERC en Sabadell, actual conseller de Territorio, no está de acuerdo. Es una falta de respeto a las instituciones. O el aeropuerto de El Prat, que tenía una gran inversión prevista y no se hizo al no haber acuerdo aquí.

¿Cree que no hay motivos para hablar de un agravio territorial?

Si miramos las últimas cifras de ejecución de inversión, se han de mejorar, pero el lugar de España donde se invierte más es Catalunya. Hay margen de mejora, pero también hay que decir que a veces aquí no facilitamos las cosas como se debería.

Este verano el entonces conseller Giró fijó en 20.000 millones el déficit fiscal de Catalunya.

No se lo cree ni él. El Gobierno de España dio 30.000 millones a fondo perdido a las comunidades en 2020 y 2021, más de 5.000 para Catalunya. Hay que revisar el sistema de financiación de las comunidades del régimen común, aunque sea difícil. Sobre la cifra de Giró me remito a lo que dijo en su día el conseller Mas-Colell, que hablaba de un déficit de un 3 o 4% del PIB catalán. No son 20.000 millones, ni mucho menos.

No comparto la cultura de la queja en la que todo es culpa de los demás: ayuntamientos, diputaciones y Gobierno de España. Uno debe defender sus intereses, y se hace ocupando la silla en las reuniones multilaterales y usando mecanismos bilaterales. Debe haber mucha más autoexigencia por parte del Govern.