Un leridano, primer condenado por la acción de Tsunami en el Prat

Un joven estudiante de Lleida aceptó ayer tres años y cuatro meses de prisión, que se suspenderán, por vaciar un extintor ante los Mossos d’Esquadra en los altercados en el aeropuerto del Prat tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O. Se trata de la primera condena a un manifestante del Tsunami Democràtic en el aeropuerto barcelonés. La Fiscalía pedía inicialmente hasta 9 años de cárcel, petición que rebajó casi un tercio, además de una multa de 1.400 euros y un curso de formación, lo que aceptó ayer la defensa en una vista oral celebrada en la Audiencia de Barcelona.

Tras aceptar el acuerdo, se le condenó por un delito de atentado a la autoridad y desórdenes públicos pero evitará la prisión si no vuelve a delinquir y pagar la multa. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado, un estudiante universitario de Lleida, participó en la numerosa concentración en el aeropuerto del Prat del 14 de octubre de 2019 convocada por Tsunami Democràtic para protestar contra la sentencia del procés, manifestación que derivó en disturbios y enfrentamientos con la policía. El acusado se encontraba en el vestíbulo de la Terminal 1 que conecta con la estación de metro de la línea 9 y mantuvo, según el Ministerio Público, “una participación activa con el objetivo de atentar contra la paz pública y paralizar la actividad de la infraestructura crítica”.

Añade que el acusado cogió un extintor que estaba en una columna del vestíbulo y lo vació dirigiéndolo hacia la cara de los agentes. Después, lanzó el extintor hacia los policías y la bombona cayó entre las dos líneas de antidisturbios. Por otra parte, miembros de la Plataforma Antirepressiva de Ponent se reunirán hoy en el Parlamento Europeo con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y eurodiputados de otros países para “denunciar la represión del Estado” y explicar el caso de los 11 acusados de causar disturbios ante la subdelegación del Gobierno en Lleida el 25 de marzo de 2018 en protesta por la detención de Carles Puigdemont en Alemania.

Diez de ellos se enfrentan a peticiones de cinco años y tres meses de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones.