El ayuntamiento, condenado por no asumir los trabajadores de la estación de autobuses

La Paeria tenía la obligación de subrogarse y mantener los puestos de trabajo de los cinco empleados que tenía la concesionaria de la estación de autobuses cuando finalizó la vigencia de su concesión, el pasado 24 de marzo, por lo que ahora deberá indemnizarles o bien readmitirles abonando el salario pendiente desde entonces. Esta es la síntesis de la sentencia de la magistrada del Juzgado de lo Social número 2 que condena al ayuntamiento por despido improcedente y, en cambio, exime de toda responsabilidad a la antigua concesionaria, Edalsa, contra la que los trabajadores también habían presentado la demanda. Para llegar a esta resolución, la jueza se basa en una amplia jurisprudencia de diversos tribunales superiores de justicia y del Supremo y en dos cuestiones: el fin de la vigencia de la concesión y el hecho de que, aunque formalmente ahora sea un apeadero, sigue prestando el mismo servicio que antes.

Así, indica que el ayuntamiento concedió en su día a la empresa la construcción y explotación de la estación en la calle Saracíbar durante un periodo de 50 años y que esta “ha pagado durante todo este tiempo el canon”. Acto seguido, señala que, tras proceder a la reversión de la concesión al ayuntamiento el 24 de marzo, “las instalaciones han funcionado igual que antes, se ha abierto y cerrado las puertas de las instalaciones en el mismo horario, y han continuado entrando y saliendo autobuses y viajeros”. Detalla que ha sido la Paeria la que “se ha encargado de que continuara funcionando abriendo y cerrando las puertas de las instalaciones, manteniendo las instalaciones, permitiendo que existiera todo tipo de información para que los usuarios puedan viajar en autobús de una ciudad a otra, haciéndose cargo de los suministros eléctricos y agua, y todo ello prescindiendo de los trabajadores de la empresa demandada que antes realizaban esas tareas, pues las ha llevado a cabo con las empresas ya contratadas por el ayuntamiento y por las brigadas municipales”, a pesar de que “han cambiado el nombre de estación por apeadero”.

“Se ha acreditado que las tareas que realizaban los actores se continúan realizando en el ‘apeadero’ a cargo del ayuntamiento”, añade, y destaca que la secretaria de la concesionaria facilitó a la Paeria antes de la reversión toda la documentación necesaria para el traspaso de los trabajadores. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia.

El consistorio recurrirá e insiste en que no presta el servicio

El equipo de gobierno informó de que recurrirá la sentencia, y precisó que hasta ayer mismo no la recibió.

Considera que la jueza no ha atendido sus argumentos de que el ayuntamiento “no tiene la competencia de la gestión de estaciones de autobuses”. En esta línea, dice que “lo que acredita la jueza es que hemos hecho labores como abrir o cerrar, limpiar, etc. que se entienden como gestión” y, acto seguido, puntualiza que “la Paeria ya puso de manifiesto y volverá a insistir en que estas acciones se han hecho por necesidad y siempre actuando y entendiendo el espacio como vía pública, ya que ahora no es una estación, sino un apeadero”.

Además, dijo que se han hecho “en el marco del convenio firmado con la Generalitat, que no ha supuesto ningún traspaso de competencias”. Generalitat y Paeria ultiman los trámites para poder construir la nueva estación de buses en el edificio de los Docs y el entorno de La Meta.