Cuatro de los encausados por las protestas del 'procés' en Lleida aceptan 9 meses de prisión

El juicio a once personas –entre ellas el rapero Pablo Hasel– por presuntos desórdenes públicos tras la protesta en la Subdelegación del Gobierno en Lleida contra la detención en Alemania del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha empezado este miércoles a las 10.40 horas en la Audiencia de Lleida. A los 11 encausados se les acusa de presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones y la Fiscalía pide para Hasel cinco años y nueve meses de prisión y, para los otros 10, entre tres meses y cinco años.

En el inicio de la vista, cuatro de los acusados han llegado a un acuerdo con fiscalía y aceptado 9 meses de prisión y el pago de multas –se enfrentaban a 5 años y 3 meses de prisión–. Aplican atenuante de reparación del daño y confesión "tardía".  Aunque los otros 7 acusados estaba previsto que declararan en primer lugar, la Sala ha aceptado la petición de las defensas de hacerlo al término de la vista. Por tanto está previsto que declaren mañana jueves, aunque no se descarta que no lo hagan hasta el viernes en caso de que la sesión programada para mañana se alargue. Este miércoles declararán 5 Mossos d'Esquadra como testigos y mañana jueves está programada la declaración de otros 4 Mossos, 3 agentes de la Guardia Civil, dos forenses y 4 testigos más.

Antes del juicio, una treintena de personas se han concentrado en la avenida Francesc Macià, a la altura de la subdelegación, para acompañar a los acusados hasta los juzgados con gritos pidiendo su absolución así como la libertad de Pablo Hasel. El rapero ingresó en prisión en febrero de 2021, cuando fue detenido por los Mossos d'Esquadra en la Universitat de Lleida para cumplir la condena impuesta por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Uno de los once acusados, Àxel Albendea, ha señalado antes de entrar en el juzgado que "es un juicio político donde no juzgan a once personas sino a la voluntad de todo un pueblo porque aquellos días había que estar en la calle". "La campaña de solidaridad nos ha dado mucha fuerza y entraremos y saldremos con la cabeza alta y con las ideas intactas porque no pactamos con un estado fascista", ha expuesto. Albendea considera que "las pruebas que presenta la Guardia Civil, con la complicidad de los Mossos, son falsas".

Por su parte, un portavoz de la Plataforma Anti-Represiva de Ponent, Josep Bustos, ha dicho que no confían "en esta justicia" ya que están convencidos de que "los represaliados entran en el juicio con una condena ya decidida". "Evitar la condena depende de la solidaridad en las calles", ha afirmado.

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, que se ha desplazado a Lleida para dar apoyo a los acusados, ha pedido la absolución, así como la libertad para Pablo Hasel. "Hay un goteo sistemático de una represión que no cesa, que ya suma más de 4.200 represaliados, para que cojamos miedo, dejemos de defender nuestros derechos y abandonemos nuestros objetivos políticos", ha afirmado Antich. "No lo toleraremos ni lo permitiremos y allí donde el estado español actúa para romper vínculos, para romper la organización y para desarmar la solidaridad anti-represiva de la sociedad civil organizada, demuestran que seguiremos tejiendo vínculos todavía más fuertes, organizándonos y fortaleciendo la lucha represiva por todas partes," ha añadido el presidente de Òmnium.

El abogado de cinco de los acusados, Josep Maria Pocino, considera que el juicio no se tendría que haber celebrado porque una de las principales pruebas contra los acusados –las imágenes de vídeo de las cámaras de la Subdelegación del día de los hechos– "no se aportó hasta después de tres años después, cuando la ley marca un plazo de 72 horas para aportarla". "Si se aplica la ley, hay jurisprudencia y escritos de Fiscalia que posibilita el archivo de la causa porque la prueba videográfica es ilegal e ilícita porque se ha aportado al proceso de manera extemporánea y porque se ha causado indefensión a los acusados", ha explicado. Sobre las imágenes, la Sala ha descartado invalidarlas al inicio y ha dicho que lo valorará al final de la vista.

Concentración de apoyo

Una treintena de personas se han concentrado a primera hora de la mañana en la avenida de Francesc Macià de Lleida, a pocos metros de la Subdelegación del gobierno español, para dar apoyo a los acusados. Las madres de algunos de ellos, entre las cuales la del rapero Pablo Hasel, han encabezado una marcha para acompañar a los acusados hasta los juzgados de Lleida. Durante toda la jornada, y también el jueves, cuando está previsto que continúe el juicio, se han organizado charlas, conciertos, comidas y otras actividades de apoyo a los 'Once de la Subdelegación'.

Los acusados declararán al final

Aunque los otros 7 acusados estaba previsto que declararan en primer lugar, la Sala ha aceptado la petición de las defensas de hacerlo al final de la vista. Por lo tanto está previsto que declaren mañana jueves, aunque no se descarta que no lo hagan hasta el viernes en caso de que la sesión programada para mañana se alargue. 

"Hubo mucha violencia y si hubieran querido, habrían linchado a los agentes", declara un Mosso d'Esquadra

Los Mossos d'Esquadra que han declarado este miércoles han coincidido en que la protesta fue pacífica en un inicio y que hacia el final, un grupo de 200 personas quisieron saltar de manera violenta el control policial para acceder a la subdelegación. Un subinspector ha asegurado que percibió un "peligro real" para los agentes porque había unos 17 o 18 policías uniformados y estaban "sobrepasados" por la cantidad de manifestantes que había.

Otro de los Mossos que ha declarado este miércoles ha dicho que la situación fue de "mucha violencia". "Vi objetos impactando contra los vehículos policiales y mucha gente golpeando a los agentes, como patadas por debajo de los escudos, hasta el punto que los agentes se vieron obligados a retroceder", ha añadido. Este mosso ha reconocido que "nunca había visto una situación igual" y que si los concentrados hubieran querido, "habrían linchado a los agentes" que custodiaban el edificio de la subdelegación. En este mismo sentido ha declarado otro agente. "Veíamos que aquello no acabaría bien, la situación estaba sobrepasada, el ambiente estaba muy crispado y había un riesgo claro para todo el mundo", ha dicho.