MACROJUICIO 'PROCÉS'
Cuatro de los 11 acusados de disturbios en la subdelegación aceptan 9 meses
La Audiencia de Lleida acogió ayer la primera sesión del macrojuicio contra 11 personas acusadas de los altercados en la subdelegación del Gobierno el 25 de marzo de 2018 en protesta por la detención de Puigdemont. Cuatro de ellos reconocieron los hechos, por lo que serán condenados a 9 meses de prisión. Fiscalía pide 36 años para los otros siete.
Dos estrategias de defensa diferentes marcaron ayer la primera sesión del juicio en la Audiencia contra los 11 leridanos acusados de ser los responsables de los altercados que hubo ante la subdelegación del Gobierno en Lleida el 25 de marzo de 2018 en protesta por la detención de Carles Puigdemont en Alemania, en el primer macrojuicio en Ponent por altercados relacionados con el ‘procés’.
Cuatro de los acusados alcanzaron previamente un acuerdo con la Fiscalía, que ha pasado de solicitar que sean condenados a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, lesiones y daños a una pena de nueve meses más el pago de multas de poco más de 1.000 euros. Los cuatro acusados reconocieron los hechos y se les aplicará las atenuantes de reparación del daño y confesión tardía. Los otros siete acusados, en cambio, empezaron ayer a ser juzgados y se enfrentan a una petición total de 36 años de prisión.
Para el rapero leridano Pablo Hasél, que cumple prisión por otra condena y para quien Fiscalía pide cinco años y nueve meses por reincidente. Ayer fue su primera aparición pública tras un año y nueve meses encarcelado. Seis agentes de los Mossos d’Esquadra custodiaron ayer al rapero, que estuvo apartado del resto de encausados.
Ninguno de ellos declaró ayer. Lo harán presumiblemente hoy después de que se haya practicado toda la prueba. Lo solicitó la letrada de uno de ellos y el tribunal accedió a ello. La primera sesión del juicio empezó sobre las 10.30 horas y se alargó hasta las 15.30 horas. En las cuestiones previas, el abogado de varios de ellos, Josep Maria Pocino, pidió anular el juicio al considerar que se ha producido indefensión de los acusados, se ha vulnerado su derecho a la intimidad y se debe invalidar la prueba de las grabaciones de las cámaras de seguridad porque no se aportaron al juzgado hasta tres años después. Los magistrados descartaron invalidarlas de inicio y dijeron que lo valorarán a posteriori.
Finalmente ayer solo declararon cinco agentes de los Mossos d’Esquadra: un subinspector de Información, otros dos agentes de esta unidad, el subinspector de Seguridad Ciudadana que coordinó el dispositivo de seguridad y el sargento de los ARRO aquel día. “Hubo mucha violencia y si hubieran querido, habrían linchado a los agentes”, declaró uno de ellos. El subinspector afirmó que “había 18 agentes de orden público, cinco patrullas de Seguridad Ciudadana y una de Tráfico para 3.000 concentrados.
Una desproporción clarísima”. El sargento de los ARRO dijo que “varios ellos daban patadas y puñetazos parapetados por la pancarta. Incluso había uno que llevaba un casco de motocross.
Un agente resultó lesionado por una patada en los genitales”. Este policía identificó a varios de los acusados como autores de los disturbios porque los conocía de otras manifestaciones. Sin embargo, sobre Pablo Hásel, afirmó que “estaba en tercera línea. Yo solo le vi incitando a los concentrados”. El juicio continuará hoy con declaraciones de más agentes de los Mossos y también de la Guardia Civil, además de la declaración de los acusados. Se prevé una sesión maratoniana.
Xavier Antich: “Quieren que tengamos miedo” “La causa general contra el independentismo sigue abierta, hoy son los 11 de la subdelegación, que se les pide 58 años de cárcel”, afirmó ayer el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, que participó en el acto de apoyo a los acusados. Antich añadió que “hay un goteo sistemático de una represión que no cesa, que suma ya más de 4.200 represaliados, para que tengamos miedo, dejamos de defender nuestros derechos y abandonemos nuestros objetivos políticos”. Una treintena de personas se concentraron a primera hora de la mañana en la avenida de Francesc Macià e hicieron una marcha hasta los juzgados. Solo una decena de familiares y amigos de los acusados pudieron acceder al interior de la Audiencia. Al finalizar la primera sesión del juicio, uno de ellos pidió libertad para Pablo Hasél mientras que el resto, entre ellos los acusados, aplaudieron.